La batalla política por la reforma del Código Penal, lejos de apaciguarse, sigue en auge. Ahora, los focos están puestos en el pleno extraordinario de este lunes del Tribunal Constitucional, pero también la semana que viene vendrá marcada por lo que pase en el Senado, que es el último paso que queda en las cámaras legislativas a fin de que estas modificaciones entren en vigor. En este sentido, el Partido Popular ha pedido este viernes a la Mesa de la Cámara Alta que pare la tramitación parlamentaria de esta reforma, que también incluye cambios en el sistema de elección de magistrados del TC, además de las modificaciones relativas a los delitos de sedición y malversación.

En el escrito de los populares, solicitan la suspensión de la tramitación de la proposición de ley arguyendo que hay un "evidente fraude de ley" por no haber tramitado esta reforma como proyecto de ley con el objetivo de evitar "la literalidad del artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial" y de "no esperar a los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado". Para el grupo del PP, el carácter de urgencia de este trámite es "incomprensible" porque son unos cambios "muy importantes para la salvaguardia de nuestro ordenamiento constitucional". "Toda decisión que afecte a elementos sustanciales del sistema de protección criminal de nuestro estado de derecho y ordenamiento constitucional requiere un debate y estudio profundo y sustancial, por respeto a todos los sectores implicados y a todos los grupos parlamentarios", añaden desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.

Paralelamente, indican en el texto que las enmiendas referentes a los nombramientos de los magistrados del TC y el cambio en las mayorías necesarias para escogerlos, aceptadas en la Comisión de Justicia del Congreso, son "claramente inconstitucionales" y alertan de que figuran en el "texto remitido al Senado". En este contexto, recuerdan, también, que siguen pendientes de lo que dictamine el alto tribunal el lunes ante el recurso de amparo que su grupo parlamentario presentó solicitando medidas cautelares para frenar la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley.

Por otra parte, Vox se ha dirigido a la Sala Primera del Tribunal Constitucional, nuevamente, para solicitar ahora que suspenda la tramitación de la iniciativa legislativa en el Senado. Lo hacen por este motivo: "Mientras no se resuelve el recurso de amparo, para evitar los perjuicios irreparables que, en caso de continuar con la tramitación y votarse en el Senado, se producirían con advertencia que incurrirá en nulidad radical y consiguiente ineficacia cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión solicitada", apuntan. Los de Abascal también hacen énfasis en el hecho de que se trata de un "procedimiento legislativo inadecuado" —porque se tramita como proposición de ley y no como proyecto de ley— y en que los grupos promotores quieren "eludir el debate parlamentario".

El calendario de la tramitación

Precisamente, este mismo viernes, la Comisión de Justicia del Senado ha validado el calendario de tramitación de esta reforma del Código Penal. La ley ya ha entrado en la Cámara Alta y los grupos tienen hasta el lunes 19 las dos de la tarde para presentar enmiendas parciales y a la totalidad. El paso siguiente llegará el martes 20, cuando la Comisión de Justicia debatirá sobre estas enmiendas y tendrá que aprobar —o no— el dictamen de la ley, que pasará previsiblemente por votación al pleno del Senado el jueves 22 de diciembre. En todo caso, es un calendario que está supeditado a la decisión que adopte el Tribunal Constitucional el lunes.