En la batalla judicial en que el president en el exilio, Carles Puigdemont, está enzarzado para conseguir asumir su escaño en el Parlamento Europeo, las formas y el cumplimiento de los plazos se han convertido en un elemento clave. Por eso, el president y el conseller Toni Comín han presentado un escrito ante la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo reclamando respuesta a una de las demandas contra la Junta Electoral Central que presentó el 1 de agosto y que, desde el 19 de agosto, está en manos del tribunal sin que haya dado respuesta.

Se trata de un recurso de reposición que los abogados de Puigdemont y Comín presentaron después de que el Supremo denegara el 16 de julio las medidas cautelares reclamadas para que pudieran asumir sus escaños.

La ley establece, según recuerda el texto, que cuando se presenta un recurso de reposición, las partes disponen de cinco días para impugnarlo, si lo consideran conveniente, y que una vez transcurrido este plazo el órgano jurisdiccional tendrá tres días para resolver. "Transcurridos más de dos meses de la interposición del recurso de reposición contra el acto del 16 de julio de 2019, está claro que la Sala ha excedido con creces el plazo que establece la ley", denuncia.

El escrito recuerda que la ley orgánica del poder judicial dispone que constituye falta leve "el incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmente establecidos para dictar resoluciones". Por esta razón, solicita que la sala de lo contencioso a quien va dirigido "resuelva definitivamente" el recurso de reposición presentado contra la resolución de la JEC.

El escrito subraya que se trata de un retraso "especialmente grave si se tiene en cuenta que el recurso de reposición se interpone contra una resolución judicial que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva".

Asimismo, recuerda que tanto la Carta de Derechos Fundamentales de la UE como la Constitución reconocen el derecho de toda persona a que su causa sea escuchada dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas.

Por esta razón, denuncia que "el incumplimiento" por parte de la sala de todos estos preceptos está provocando no sólo una vulneración de los derechos fundamentales de Puigdemont y Comín, y también la de los ciudadanos de la UE que les votaron en las pasadas elecciones europeas, sino también un "serio perjuicio" al interés general asociado al cumplimiento de la ley.