Los líderes independentistas condenados por el 1-O y los exiliados han presentado una cascada de recusaciones contra el magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, a quien quieren apartar de los procedimientos relacionados con el procés.

Si la semana pasada era Carles Puigemont y el resto de exiliados en Bélgica, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, ahora el exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva piden apartar al magistrado del proceso. Y todavía no se puede descartar que se acaben añadiendo el resto de presos políticos.

Los incidentes se basan en una conferencia pronunciada en el Congreso de los Diputados el 23 de noviembre del 2017 por Conde-Pumpido, de la cual informó Libertad Digital el 3 de marzo pasado, como así se recoge en uno de los escritos que sostiene la demanda de los independentistas.

Aquel día dijo: "Lo que me preocupa es, concretamente, la pretensión de subvertir el estado social y democrático de derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia (...). En resumen, me preocupa que se invoque la democracia —en concreto, la democracia directa— para derribar la Constitución".

Además señaló que "disponen para eso de la preeminencia, de los medios y de los instrumentos que les proporciona el propio marco constitucional para garantizar el autogobierno de su comunidad, incluida la disposición de cantidades relevantes de dinero público o incluso la disposición de armas proporcionadas a sus fuerzas de seguridad (...) Unos instrumentos que pueden, en determinados casos, desviarse de su finalidad esencial".

La parcialidad de Conde-Pumpido

Los líderes independentistas aseguran que "Conde-Pumpido, en su intervención, se alineó plenamente con todas y cada una de las tesis del ministerio fiscal en su querella del 30 de octubre del 2017", con alusiones a la malversación, a un alzamiento y a los Mossos.

Sobre la base de eso, alegan que su intervención "lo priva de cualquier apariencia de imparcialidad" para resolver los recursos de amparo en el Constitucional e invocan no sólo el derecho a un juez imparcial, sino también el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, porque su situación es "análoga" a la de otro magistrado del TC.

Sobre este tema, el escrito señala que este discurso fue pronunciado en "circunstancias parecidas" al del magistrado Antonio Narváez, quien recientemente decidió apartarse voluntariamente de participar en las resoluciones del procés en el tribunal de garantías después de un raudal de recusaciones de todos los implicados en los hechos.

Es por eso que los condenados y procesados buscan repetir la misma jugada que contra Narváez, por lo cual, en caso de que los incidentes de recusación se admitan a trámite, se paralizarán nuevamente todos los procedimientos en los que interviene el magistrado mientras se resuelven las recusaciones.

Y eso implica, en caso de tramitarse, que la resolución de los recursos de amparo pendientes de resolver contra la sentencia del Supremo se dilate al menos un par de meses, que es el tiempo medio que tardan en resolverse los incidentes presentados.

Sólo que, en este caso, las recusaciones apuntan más alto, porque Cándido Conde-Pumpido, por su dilatada experiencia en asuntos de derecho penal, coordina el equipo de letrados que ha revisado hasta hoy todos los recursos del procés durante la instrucción de la causa, una tarea en la cual estuvo acompañado por otro penalista, Antonio Narváez, hasta que este se apartó del procedimiento por estas mismas recusaciones que ahora se dirigen hacia Conde-Pumpido.