La Fiscalía pide 6 años de prisión y 12 de inhabilitación especial y 15 más de inhabilitación absoluta para el exconseller de Interior Miquel Buch. El ministerio público lo acusa de crear un cargo de confianza para el escolta de Carles Puigdemont que se encargó de su seguridad en Bruselas con el fin de darle cobertura jurídica. Buch está acusado de prevaricación y malversación de fondos públicos.
El mosso también está acusado y a punto de ir al juicio. La Fiscalía pide para Lluís Escolà cuatro años y medio de prisión y 10 de inhabilitación especial más 13 de inhabilitación absoluta. También está acusado de prevaricación y malversación de fondos públicos.
El fiscal sostiene que Buch decidió facilitar a Puigdemont un servicio de protección en el extranjero con "personas de su estricta confianza a costa del erario público".
El ministerio público asegura que el nombramiento de Escolà responde "únicamente y exclusivamente al ilegítimo e indisimulado propósito de dar cobertura y protección a una persona en situación procesal de busca y captura por haber eludido un procedimiento en el cual le eran imputados graves delitos, como es el caso del Sr. Puigdemont". Considera arbitrario el nombramiento de Escolà por parte de Buch y destaca que "no consta la más mínima aptitud formativa" para hacer de asesor. Tampoco consta, añade, que haya hecho ningún trabajo de asesoramiento.
La Fiscalía abrió esta investigación al servicio de escoltas y protección a Puigdemont a raíz de una denuncia presentada por varios diputados de Ciudadanos en el Parlament.
Según la Fiscalía, el sargento de los Mossos Lluís Escolà, que se encargaba de la seguridad de Puigdemont hasta la aplicación del 155, acompañó al presidente a Bélgica en octubre del 2017, donde le hizo de escolta. Inicialmente pidió vacaciones y permisos para hacer este trabajo, hasta que asuntos internos le abrió un expediente. El verano del 2018 fue sancionado y el mismo día el conseller creó una plaza de asesor de seguridad del Departament que fue ocupada por el sargento un mes después. Según la querella, el sargento siguió haciendo de escolta de Puigdemont.
La Fiscalía sostiene que el nombramiento de Escolà respondía al propósito de "dar cobertura y protección a una persona en situación procesal de búsqueda y captura por haber eludido un procedimiento en el cual le eran imputados graves delitos, como es el caso del Sr Puigdemont."