El president Carles Puigdemont y los cuatro consellers de su Gobierno, destituido por el ejecutivo español en aplicación del artículo 155, no entraron en prisión de manera preventiva, como sí pasó en el resto del ejecutivo catalán que se quedó en el Estado, porque el juez belga que vio la orden europea de detención emitida por la justicia española consideró que la medida habría causado "daños irreparables".
El diario Ara ha tenido acceso al auto del 5 de noviembre referenciado a la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, que el rotativo afirma que es similar a las del resto del ejecutivo catalán. Según el texto, Serret tenía disponibles 1.000 euros en aquel momento por lo que sus abogados advirtieron al juez que una fianza superior "implicaría el ingreso en prisión a la espera del pago". El magistrado concluyó que "este hecho [el ingreso en prisión] implicaría para la interesada unos daños irreparables".
Aparte, el juez consideró que "no hay razones para pensar" que Puigdemont y los consellers "se sustraigan de la justicia belga" y subraya que tampoco "hay ninguna razón para dudar" de que "colaborarán plenamente" con la justicia del país.
El texto también muestra la confianza en que los investigados no huirán del país, no destruirán pruebas y se presentarán ante la justicia belga cada vez que sean reclamados.