La Audiencia Nacional cita al president Carles Puigdemont y los consellers para el 2 y 3 de noviembre.

La magistrada de la AN, Carmen Lamela, ha admitido esta misma tarde la querella de la Fiscalía por delitos de rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont y los otros 13 miembros del Govern y los cita para el jueves y viernes para la declaración y vista posterior. Exactamente los mismos días que el Tribunal Supremo ha citado a declarar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los miembros de la Mesa.

La jueza Carmen Lamela se ha declarado competente, admite la querella y, como primera diligencia, acuerda la citación de los 14 miembros del Gobierno en calidad de investigados para el próximo jueves 2 de noviembre a las 9 horas y el viernes 3 de noviembre, a partir de las 9 horas de la mañana, según han informado fuentes del Audiencia Nacional.

La magistrada precisa que declararán como investigados y a los efectos de celebrar la comparecencia regulada en el artículo 505 de la Ley de enjuiciamiento criminal, para valorar la adopción de medidas cautelares de carácter personal respeto de los querellados. La magistrada acuerda también fijarles una fianza de 6.207.450 euros que tendrán que depositar en el plazo de tres días con la advertencia que se tienen que embargar sus bienes hasta llegar a esta cifra si no depositan la fianza. Además, la jueza ordena incorporar a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament de Catalunya en los últimos meses, así como los últimos decretos del Gobierno en relación con el proceso secesionista de Catalunya.

En su auto Lamela explica que "de acuerdo al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una República catalana independiente de España en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado, por lo que puede encajar en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España, y por lo tanto sería competencia de la Audiencia Nacional, tal como viene establecido en el artículo 65.1 de la Ley orgánica del Poder Judicial".

La magistrada recuerda que en esta fase inicial de admisión de una querella no constituye todavía un acto de imputación judicial y que sin perjuicio de la futura precisión sobre la existencia de pruebas para los delitos imputados, se trata exclusivamente "de establecer en primer lugar si, a los efectos de admisión a trámite de la querella, puede ser exclusivo el carácter delictivo de las conductas imputadas a los querellados y, en segundo lugar, si hay indicios que esta conducta efectivamente ha sido ejecutada".

Teniendo en cuenta estas dos condiciones, la jueza concluye que del relato del fiscal se desprende que los querellados "urdieron una estrategia de la cual tendría que colgar todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlament el pasado 27 de octubre".

Según Lamela, en la querella del fiscal se exponen de manera "seria, racional y lógica los motivos que llevan al ministerio fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación". Por eso, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente pueda otorgarse, la jueza admite la querella en los términos planteados por el ministerio público.

Una estrategia diseñada por los querellados

La magistrada incorpora a la querella la causa que ya investiga por sedición a los presidentes de ANC y Òmnium, teniendo en cuenta que los hechos hasta ahora investigados "se encuadran dentro de todo el proceso secesionista que se describe en el escrito de querella y que las personas investigadas en los mismos formaban parte de las estructuras básicas integradas en esta estrategia diseñada y ejecutada por los ahora querellados".

De esta manera, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Josep Lluís Trapero forman parte de un mismo proceso, y si llega el caso, de un mismo juicio.