Según las escasas informaciones que circulan sobre las negociaciones entre JxCat, ERC y la CUP, el president Puigdemont, como president de Catalunya, tendrá como atribuciones principales la designación del jefe del Govern y la potestad de decidir la convocatoria de nuevas elecciones cuando proceda. Además, asumirá, por supuesto, la dirección estratégica del Govern fijando la prioridad en la internacionalización del conflicto.

El planteamiento recuerda el esquema político francés donde el presidente de la República nombra al primer ministro, tiene la potestad de disolver la Asamblea Nacional y centra su actividad muy prioritariamente en los asuntos exteriores.

Obviamente, para que la legislatura arranque, habrá antes que nada un pronunciamiento de la mayoría soberanista en el Parlament proclamando la jerarquía de Puigdemont y éste designará un candidato a la investidura como jefe de Govern que ejercería las funciones propias de un presidente autonómico, pero con criterios republicanos.

La previsión es que, a lo largo de la legislatura, Puigdemont deberá designar unas cuantas veces a un nuevo jefe de Govern, porque la intención es desafiar las instituciones españolas a vetar consecutivamente a los candidatos que vote la mayoría parlamentaria catalana. Empezando por los diputados que están en la cárcel y continuando con los que se encuentran en libertad bajo fianza y que muy pronto serán rehabilitados y así sucesivamente. Es la manera de poner en evidencia la involución democrática que ha experimentado el sistema político español, cuando la voluntad popular de los catalanes, pacífica i democráticamente expresada, no tiene cabida.

El reciente informe de la Guardia Civil que señala a la diputada Elsa Artadi como implicada en la organización del referéndum alimenta la teoría de que las instrucciones del Gobierno del PP a las policías y a la fiscalía forman parte de una estrategia dirigida a impedir la gobernabilidad estable en Catalunya con la intención de forzar nuevas elecciones tras declarar inelegibles a los dirigentes del soberanismo con mayor visibilidad.

A pesar de las colisiones que se han producido en las últimas semanas entre JxCat y Esquerra Republicana, fuentes del entorno de Puigdemont aseguran que las conversaciones se están reconduciendo por buen camino y que ambas formaciones intentan blindarse de los ataques desestabilizadores de los grupos que dan apoyo al 155. Así, el reciente anuncio del Ejecutivo español sobre sus intenciones de dinamitar el modelo educativo catalán no se ve tanto como una presión sobre la mayoría soberanista para que se apresure a investir president, sino más bien lo contrario, para sembrar la cizaña entre los soberanistas y obstaculizar el acuerdo de Govern y al mismo tiempo competir con Ciudadanos en españolismo.

En cuanto a la formación de Govern, JxCat y ERC tienen claro el reparto de las carteras al 50% y cada grupo parlamentario decidirá soberanamente los nombres de sus consejeros.

Y no es del todo cierto que las negociaciones se hayan detenido por las citaciones de los dirigentes soberanistas que declaran esta semana ante el juez Llarena, sino que se está aprovechando el tiempo para precisar cada uno de los pasos previos a la formación del Govern.