Movimiento del PSOE en el Congreso, registrando una iniciativa para que, ante la "democracia limitada" que, a su juicio defiende Vox, el Parlamento reafirme que en España se puede defender "cualquier tipo de objetivo político sin exclusión" siempre que se haga por "métodos pacíficos". También que todos los partidos, incluidos los que se posicionan en contra de la Constitución, tienen cabida en el sistema vigente. Esta nueva proposición no de ley, que los socialistas quieren debatir en el pleno, se registra una semana después de otra que llama a hacer un 'cordón sanitario' a Vox rechazando pactos con partidos "de extrema derecha".
Los de Pedro Sánchez pretenden ahora que el Congreso reafirme "su compromiso con el sistema de democracia abierta establecido por la Constitución Española, en el que la participación política es un derecho fundamental a través del cual es posible defender cualquier objetivo político sin exclusión, siempre que dicha defensa se realice por métodos pacíficos".
Diversas sensibilidades políticas
Entre los motivos, el PSOE argumenta que el propio Tribunal Constitucional deja claro en su jurisprudencia que "no tiene cabida un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución". También recurre al Alto Tribunal para recalcar que son perfectamente aceptables "concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional" siempre que no se defiendan a través de actividades que vulneren los principios democráticos o los derechos fundamentales y que se intenten conseguir conforme a los procedimientos de reforma que establece la propia Constitución.
En este sentido, los socialistas hablan del modelo de "democracia abierta" como un "gran acierto" de la Constitución porque ha permitido "integrar democráticamente las diversas sensibilidades políticas" del país. Pero, a su juicio, ha sido puesto en cuestión con "la aparición de la ultraderecha".
Apoyo de PP y Ciudadanos
El PSOE denuncia que Vox no solamente tilda de "ilegítimos" a sus adversarios políticos, sino que, en 2020 llegó a someter a debate en el pleno del Congreso una reforma de la Ley de Partidos Políticos para abrir la puerta a la ilegalización de formaciones que, por ejemplo, "promuevan, justifiquen o exculpen el deterioro de la unidad" de España o a las que "colaboren" con aquellas que lo hagan. Santiago Abascal habia registrado una proposición para reformar esta ley para ilegalizar todos los partidos independentistas, desde ERC, Junts y la CUP, pero también Bildu e incluso PNB y BNG. Antes, en 2019, los ultras aprobaron en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley que instaba a la ilegalización. Aquel texto recibió el apoyo del PP y Ciudadanos.
Críticos con la actitud de Vox
"La ultraderecha plantea la ilegalización de cualquier partido político nacionalista o de cualquier partido político que pacte con un partido nacionalista", como podría ser el caso del PSOE que se ha apoyado en ERC i EH Bildu para sacar adelante algunas de sus iniciativas parlamentarias. Los socialistas creen que el planteamiento ultra "excluye a una parte importante de la población en la representación política" y viene a quebrar el "consenso existente" de que todas las ideologías, incluida la de extrema derecha, pueden participar en política salvo que "justifiquen, exculpen o apoyen la violencia" para la consecución de sus fines.