El PSOE no quiere que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retrase la renovación del Tribunal Constitucional (TC). Por este motivo, la formación liderada por Pedro Sánchez ha registrado una enmienda a su propuesta de reforma Ley Orgánica del Poder Judicial para obligar el CGPJ a nombrar en un plazo máximo de tres meses a los dos magistrados del TC que le corresponde designar. El objetivo es impedir que la mayoría conservadora bloquee la renovación del alto tribunal. La presentación de la enmienda llega después de que el Congreso aprobara este miércoles tramitar la reforma.
La tramitación de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para acelerar el nombramiento por parte del CGPJ de los magistrados del TC fue aprobada con los votos de ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País y Compromiso, entre otros. Junts y la CUP se abstuvieron, y el PP, Vox y Cs votaron en contra. La enmienda previsiblemente se aprobará con el conjunto de la reforma este jueves al pleno del Congreso con los votos del Gobierno y de sus socios.
Forzar el CGPJ ha nombrar a los magistrados
La reforma que se votará este jueves modifica una reforma anterior impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez que impide que el CGPJ haga nombramientos mientras sus miembros tengan el mandato caducado, cosa que pasa desde hace más de tres años, en lo que fue un intento infructuoso de forzar el PP a aceptar la renovación. Ahora, con este enmienda, se pretende forzar a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que son designados por el máximo órgano de gobierno de los jueces y que están caducados desde el junio pasado. Estos dos magistrados, junto con los dos que tiene que escoger el Gobierno, comportarán el relevo de un tercio del Tribunal Constitucional y un cambio a la mayoría, que pasará de conservadora a progresista.
El PP ha mostrado su oposición frontal a la reforma de la reforma, y en el mismo sentido se ha posicionado el Consejo General del Poder Judicial, que este lunes aprobó –con los únicos votos de la mayoría conservadora- un informe que reclama que el Congreso le pida opinión antes de tramitar el texto.