El PP y el PSOE ya han negociado la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Según El País, los representantes de los dos partidos ya han pactado "18 o 19" vocales de los 20 que forman el órgano de gobierno de los jueces y que serán los que después escojan al presidente de la institución y del Tribunal Supremo. La lista de los diez vocales elegidos por el Congreso se tiene que presentar este lunes a la Cámara, mientras que para los diez del Senado hay tiempo hasta el 18 de diciembre.

Entre los nombres que suenan con más fuerza para suceder al actual presidente, Carlos Lesmes, figuran el magistrado del Tribunal Constitucional Santiago Martínez-Vares y la magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Ana Herrero. En principio, la propuesta de presidente la tiene que formular el PP, el partido que tiene más representación tanto en el Congreso como en el Senado. Según estas fuentes, el partido de Pablo Iglesias, que reclamaba al PSOE cuatro de los 10 vocales que se van a repartir las formaciones de izquierda, ha conseguido incluir en la lista a la magistrada Victòria Rosell. Esta jueza fue diputada de Podemos entre los meses de enero y mayo de 2016, y dimitió después de ser denunciada por el exministro de Industria José Manuel Soria por uno presunto caso de prevaricación y soborno, que finalmente fue archivado.

Podemos no pone condiciones y Ciudadanos no quiere negociar

La renovación del Consejo General del Poder Judicial está siendo sorprendentemente rápida, según fuentes jurídicas. Al menos si se tiene en cuenta la fragmentación del Congreso de los Diputados, cámara que escoge a 10 de los 20 vocales del organismo por mayoría de tres quintos. "PP y PSOE están aprovechando que Podemos no está poniendo excesivas condiciones y que Ciudadanos no quiere entrar en las negociaciones", afirma un magistrado conocedor de las conversaciones entre los partidos.

Ciudadanos no ha querido entrar en negociaciones porque no comparte el método de elección del órgano. El líder del partido, Albert Rivera, considera que la fórmula actual supone una politización de la justicia y defiende cortar el "cordón umbilical" entre la política y la judicatura. La formación ha registrado una iniciativa en el Congreso para que en la elección de los vocales, 12 sean designados directamente por los jueces, y los ocho restantes, por el Congreso y el Senado.

El plazo para la renovación del Consejo actual expira el 4 de diciembre.