En su paso por la comisión de investigación, Mariano Rajoy lo negó todo, tanto la caja B del Partido Popular como la Operación Kitchen para espiar y robar documentación comprometedora a Luis Bárcenas. María Dolores de Cospedal directamente optó por no responder ninguna de las preguntas relacionadas con esta trama. En contra de la instrucción en la Audiencia Nacional, que habla de un "operativo parapolicial" creado por "órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado". Los partidos del Gobierno y los independentistas van un paso más allá y señalan tanto al expresidente español como a la exsecretaria general del PP, que responsabilizan de lo que se ordenó. Lo hacen en sus conclusiones de la comisión Kitchen del Congreso de los Diputados, que serán debatidas y votadas este miércoles. Hay dos escritos: el del PSOE en solitario y otro de Unidas Podemos, ERC, Junts, la CUP y EH Bildu.

En su escrito, el PSOE concluye de los trabajos de la comisión de investigación que "la cúpula del Partido Popular ordenó la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que estaban en el poder del extesorero Luis Bárcenas y que inculparan al PP sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años que gobernaban". En este sentido, continúan: "La operación se dirigía desde tres sedes, la sede del Partido Popular en la calle Gènova, con el conocimiento de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que informaba al presidente del Partido y del gobierno, Mariano Rajoy; la sede del Ministerio del Interior, con el ministro Jorge Fernández Díaz que encargó al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo y, su epicentro, en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional que dirigía Eugenio Pino".

"La finalidad de la Operación Kitchen era la obstrucción de las investigaciones judiciales en marcha y que las pruebas que pudieran estar en posesión de Luis Bárcenas se destruyeran u ocultaran para que nunca fueran utilizadas por la administración de Justicia, e incluso de los mismos miembros del Cuerpo que actuaban como policía judicial", asegura el documento de los socialistas. Y añade: "Para esta finalidad de interés particular exclusivo del Partido Popular se utilizaron ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales".

 

El escrito de Unidas Podemos y las formaciones independentistas se mueve en unos términos muy parecidos. También detecta tres estructuras. En primer lugar, la estructura política, "liderada por aquellas personas que se sentían perjudicadas por estas 'informaciones sensibles, a saber, María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro y cuanto menos el conocimiento y aquiescencia del señor Mariano Rajoy". En segundo lugar, la estructura policial, integrada por la Dirección Adjunta Operativa de la policía, la secretaría general de la DAO, la Comisaría General de Información y la Comisaría General de la Policía Judicial. Y en tercer lugar, la estructura "parapolicial" encargada de la "localización y extracción del poder judicial" de determinados documentos.

Las conclusiones de estos partidos ratifican que bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz se construyó una "policía patriótica, que también actuó contra el PSOE, contra Unidas Podemos y contra el independentismo catalán. De la misma manera hacen referencia a la comparecencia del excomisario José Manuel Villarejo sobre informaciones que suponían un peligro para las "altas instituciones del Estado". En este punto señalan como podrían ser cuentas corrientes en Suiza de "personas relevantes del Estado español", como el rey emérito Juan Carlos I.

A modo de conclusión, Podemos, ERC, Junts, la CUP y Bildu constatan cómo todo esto fue posible "gracias a una cultura de la impunidad" y que "debería ser un punto de partida para un profundo y extenso debate" sobre los mecanismos de control y también sobre "cuáles son los límites democráticos de la razón de Estado".