El presidente de Ciudadanos Albert Rivera hizo saltar la alarma este miércoles durante la sesión de control en el Congreso cuestionando a Mariano Rajoy sobre presuntas injerencias rusas en las elecciones catalanas del 21-D, una sospecha a la que se ha añadido el PSOE este jueves pidiendo a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que comparezca en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso para informar de las actuaciones que el ejecutivo piensa llevar a cabo al respecto, y asilar definitivamente la sospecha sobre una incidencia en los resultados.

"Confíe usted en la legalidad española, que está dotada de instrumentos suficientes para que las cosas funcionen democráticamente y la gente pueda votar con plena libertad," contestó Rajoy a Rivera, indicando que el Gobierno no anticiparía las medidas frente a los hackeos antes de tomarlas. No satisfecho, Rivera insistió después en que "los enemigos de Europa y los enemigos de España, que son los mismos, no descansan" y "los nacionalistas se jactan de tener amistades peligrosas", afirmaba, insistiendo en la necesidad en impedir que se manipule la voluntad de los catalanes el 21-D.

La cuestión es que el grupo socialista ha hecho suyo este mismo clamor, aunque la portavoz Margarita Robles ha reconocido que no estaban especialmente preocupados porque eso altere el resultado de las elecciones, sino que querían conocer el trasfondo de la polémica y cómo el ejecutivo se estaba protegiendo al respecto. El PSOE quiere que esta circunstancia se aclare en la cámara baja, ya que fuentes de la formación explicaban a Europa Press que el tema no fue motivo de las múltiples conversaciones que Pedro Sánchez mantuvo con el presidente antes de aplicar el 155.

Así y todo, la circunstancia llega después de que el viernes pasado, 13 de noviembre, la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal reconociera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en su ministerio constaban ciberataques y amplificaciones de informaciones falsas o manipuladas a través de las redes sociales. Cospedal informó de que muchas de ellas estaban "en territorio ruso" y se replicaban en "territorio" venezolano, como puntualizó la ministra para evitar inculpar al gobierno de Vladimir Putin o el de Nicolás Maduro, a falta de pruebas.

En esta comisión de Gastos Reservados –que se celebra a puerta cerrada para preservar la confidencialidad– y es también la encargada de controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sólo tienen presencia los diputados, uno por cada grupo parlamentario, que fueron elegidos por el Pleno del Congreso para acceder a materias clasificadas como secreto: Rafael Hernando (Partido Popular), Margarita Robles (PSOE), Irene Montero (Unidos Podemos), Juan Carlos Girauta (Ciudadanos), Joan Tardà (ERC), Aitor Esteban (PNV) y Jordi Xuclà (PDeCAT-Mixto).

Podemos se desmarca

El único partido que se ha desmarcado es Podemos, ya que su líder Pablo Iglesias se ha quejado de que no le parecía "prudente generar una situación de alarma señalando la vulnerabilidad del país ante eventuales ataques exteriores", motivo por el cual ha pedido "calma" AL resto de partidos ante las informaciones sobre una presunta injerencia. Según Iglesias, "si efectivamente hay una amenaza real, hay una Comisión de Secretos" para que el Gobierno informe y, de momento, Podemos no le consta que el Ejecutivo tenga intención de convocar este órgano.