Algunas voces del PSOE han condenado este lunes la guerra judicial contra Carles Puigdemont y Marta Rovira por la investigación del Tsunami Democràtic por parte de la Audiencia Nacional, justo en medio de las negociaciones entre los socialistas y Junts per Catalunya. Uno de los miembros del partido de Pedro Sánchez que ha cargado contra la decisión del juez Manuel García Castellón ha sido la diputada en la Asamblea de Madrid Manuela Villa Acosta. "Jueces haciendo política", ha dejado escrito en un tuit publicado en su cuenta de Twitter (actualmente denominado 'X').

Villa Acosta, que es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, ha expresado su disconformidad con esta decisión del juez, tomada justamente cuando Carles Puigdemont negocia en Bruselas con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdan, un pacto entre Junts y PSOE que mantenga a Sánchez en la Moncloa, de la mano de una ley de amnistía que vaya más allá de los hechos del 1-O y el 9-N.

El otro socialista a pronunciarse sobre esta cuestión, y a redirigir el ataque judicial contra el PP, ha sido el diputado del PSOE en el Congreso Óscar Puente, que es, además, es miembro de la comisión negociadora de los socialistas para atar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. "¿Tiene algún sentido que el mismo juez que encuentra razones para vincular Tsunami Democràtic con Puigdemont no haya considerado ni siquiera relacionar a Dolores de Cospedal o Rajoy con el caso Kitchen? ¿Qué queréis que os diga? Para mí no tiene ningún tipo de sentido", ha escrito en la misma red social.

El exalcalde de Valladolid acompaña su tuit con una captura de pantalla de prensa, en la que se explica que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional argumentó que las grabaciones de Villarejo que apuntaban al papel jugado por la exsecretaria general del PP no se podían considerar como indicios de delito porque les faltaba contexto. En cambio, en la resolución sobre Puigdemont, Rovira y el Tsunami Democràtic, el instructor asegura que "existen elementos suficientes para considerar que los hechos podrían encajar en el delito de terrorismo". La Fiscalía, sin embargo, tiene previsto recurrir esta decisión tomada por el juez de la Audiencia Nacional, y encauzar la imputación a un delito de desórdenes públicos, y no de terrorismo.

Estos mensajes de algunos miembros del PSOE se producen justo cuando el partido negocia con Junts el acuerdo definitivo para una ley de amnistía. Carles Puigdemont reclama incluir responsables que no están perseguidos directamente por la confección de consultas y referéndums independentistas, pero que se han abierto procesos judiciales contra ellos por ser independentistas o formar parte del entorno del president a la Generalitat en el exilio. Como es el caso de Josep Lluís Alay, Miquel Buch, Gonzalo Boye y Laura Borràs.