"Si nos llaman iremos con voluntad de pacto", ha afirmado este sábado la portavoz del PSC, Alícia Romero, en una entrevista en RAC1. Así, el PSC ha instado al Govern a convocar otra reunión para abordar la situación de sequía. Esta petición llega después del fracaso de la cumbre del agua entre el ejecutivo y los partidos.
La portavoz socialista también ha afirmado que el ejecutivo es quien tiene "más responsabilidad" en la falta de acuerdo entre Govern y oposición sobre la estrategia a seguir para responder a la sequía. Romero también ha aprovechado la ocasión para criticar al Govern. Así, lo ha acusado de "cargar las culpas a los ayuntamientos". Y lo ha remachado, asegurando que el ejecutivo no ha hecho propuestas y que el PSC ha puesto "todas las facilidades del mundo". No obstante, la portavoz también ha declarado que le gustaría cerrar un acuerdo en "los próximos días" y que confía en la "buena manera de actuar" del president Pere Aragonès.
La cumbre del agua fracasa
La cumbre de este viernes entre Govern y partidos para hacer frente a la sequía ha acabado sin acuerdo. De nada han servido las cuatro horas de reunión. Según ha indicado la consellera de Acció Climàtica, Teresa Jordà, no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo porque no había consenso en torno al régimen sancionador, que el decreto ley aprobado ya prevé aunque no especifica ningún calendario. Jordà ha indicado que el punto sobre el régimen sancionador "ha saltado" porque un grupo parlamentario (no ha especificado cuál, pero se refería al PSC) no estaba de acuerdo con la propuesta de acuerdo que traía el Govern.
Jordà también ha atribuido la falta de consenso a la proximidad de las elecciones municipales del 28 de mayo. "No sé si este escenario se hubiera producido si no estuviéramos a la esquina de unas elecciones municipales", ha declarado.
El régimen sancionador dinamita la cumbre del agua
El principal punto de discordia que ha impedido el acuerdo a la cumbre del agua ha sido el régimen sancionador. Es uno de los puntos que la propuesta de acuerdo del Govern ponía sobre la mesa. Concretamente, proponía establecer un periodo diferido (una moratoria) de aplicación del régimen sancionador por exceso de dotación de agua hasta el 1 de julio, una fecha que ya se movía de lo que el Govern había planteado inicialmente, que era el mes de junio.
"Finalmente, para que todo el mundo se sintiera más cómodo, la fecha escrita en el documento de acuerdo era el 1 de julio", ha explicado Jordà. Sin embargo, ha remarcado que en este punto un grupo parlamentario concreto no ha estado de acuerdo, en referencia al PSC. El punto del régimen sancionador, han indicado fuentes de la negociación a la ACN, era lo único que requería aprobar un nuevo decreto ley para ser aplicado.