El PSC y el PSOE han puesto en marcha toda su maquinaria política contra el referéndum del 1 de octubre. Para conseguirlo, han prometido toda una serie de actuaciones para Catalunya en un documento, la Declaració de Barcelona. Pel catalanisme i l'Espanya Federal. El text marca toda una serie de objetivos sobre cuestiones trascendentales como la financiación, la cultura y la lengua y las infraestructuras que, a simple vista, pueden parecer una oferta tentadora para los catalanes. Realmente, los compromisos no son nuevos: son promesas olvidadas en los tiempos del expresidente José Luís Rodríguez Zapatero.

La mayoría de propuestas para Catalunya se basan en recuperar objetivos alcanzados durante la negociación del Estatut de 2006, recortado por el Tribunal Constitucional, o se fundamentan en incumplimientos reiterados del Estado. Estas son algunas de las promesas incumplidas por los gobiernos del PSOE que ahora pretende rescatar Pedro Sánchez en un intento para frenar el referéndum del 1 de octubre. 

Demandas incumplidas

El PSC plantea abrir el diálogo entre los gobiernos catalán y español empezando por negociar las 46 demandas que entregó el president Puigdemont a Mariano Rajoy en su primera reunión de abril de 2016. Las peticiones del president eran muy amplias: abarcaban desde el referéndum, pasando por la financiación de Catalunya, hasta los incumplimientos en materia de infraestructuras estratégicas. Desde los socialistas piden diálogo para negociar sobre las demandas, pero no todas: ven posibilidades de negociar 45 puntos, o dicho de otra manera, todos menos el referéndum.

Además, si se observa detenidamente hay algunas cuestiones planteadas en el documento de Puigdemont, y que ahora el PSC rescata, que fueron negadas por el gobierno de Zapatero. Por ejemplo, la descentralización del 0,7% del IRPF para dedicarlo a fines sociales en Catalunya, antes de la sentencia del Tribunal Supremo de 2016, había contado con el respaldo de doce recursos resueltos en favor de la reivindicaciones del Govern. Pese a ello, los gobiernos socialistas nunca decidieron cumplir con las sentencias judiciales.

Otro de los puntos reclamados por el president, las inversiones en Rodalies, tampoco se vieron reflejadas —por ejemplo— durante el último mandato del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En 2008, Zapatero prometió 4.000 millones de euros de inversión en el servicio ferroviario estatal, un plan que terminaba en 2015 y que se ha incumplido por el ejecutivo del PP (pero también por el PSOE hasta 2011).

Estatut recuperado

A prácticamente nadie se le olvida en Catalunya la frase "apoyaré la reforma del Estatut que apruebe el Parlament" pronunciada por Zapatero durante un mítin electoral del expresident Pasqual Maragall. Después, la realidad fue otra: tras su aprobación en el Parlament, el Estatut quedó en papel mojado en un Congreso con el PSOE como principal partido.

Precisamente esta semana se han cumplido 7 años desde la celebración de la manifestación contra la sentencia del TC que reunió centenares de miles de personas en Barcelona y se convirtió en el precedente immediato de las históricas movilizaciones por la independencia celebradas a partir del 2012.

Ahora, los socialistas pretenden implementar el Estatut vigente y recuperar competencias perdidas en el trámite de aprobación del Congreso y tras la sentencia del Tribunal Constitucional. El primero de los puntos que mencionan los socialistas es implementar el Consell de Justícia de Catalunya, fulminado por el TC y previamente por la comisión constitucional de la Cámara Baja española, presidida por el socialista Alfonso Guerra —quien luego alardearía de haberse "cepillado" el texto estatutario catalán—. A parte del golpe del alto tribunal, en el trámite parlamentario se eliminaron potestades para el Govern como abrir juzgados y se consagraba la doble recaptación de tasas judiciales, y no la recaudación única para Catalunya. 

La declaración de PSC y PSOE aboga también por derogar la ley de Administración Local aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2013, que limitaba el poder de las comunidades autónomas, además de recuperar la petición de transferencia de los servicios de salvamento marítimo y protección civil, por ejemplo, que llevan prácticamente dos décadas pendientes y que tampoco encontraron solución durante el mandato de Zapatero.

(Infra)financiación en Catalunya

Otro de los ejes que se reivindicado largamente en Catalunya especialmente han sido las inversiones, como el Corredor Mediterráneo y la mejora del conjunto del sistema ferroviario. El Govern ha visto como el gasto del Estado en el territorio era bajo si se comparaba con la aportación de Catalunya al PIB español, una reivindicación a la que ahora se añaden los socialistas. De hecho, en 2016 las inversiones en Catalunya representaron el 10,5% del total del Estado, pese que los bienes y servicios catalanes suponían el 18% del total del Estado.

Esta situación de infrafinanciación ahora es criticada por los socialistas. Por ello, piden que se recupere el nivel de inversión del Estado en Catalunya mediante la prórroga de la Disposición Adicional Tercera del Estatut. Algo que tampoco hizo el Gobierno de Zapatero. De hecho, los niveles de inversiones catalanas en los últimos tres años del ejecutivo socialista pasaron de un 18,4% a un 14,1%, correspondientes a 2009 y 2011. Además, fue el presidente Zapatero quien en 2011 —en su último año al frente del Gobierno— no realizó el traspaso de la disposición adicional del Estatut, pese a haberlo incluído en los presupuestos generales del Estado. Por aquel entonces, la transferencia alcanzaba los 759 millones de euros. Una lluvia de millones que nunca llegó, como tantas otras promesas.