La “prioridad nacional” se ha convertido en el principal punto de fricción entre PP y Vox y amenaza con dinamitar las negociaciones entre ambas formaciones. El concepto, incorporado en acuerdos como el de Extremadura, ha abierto un debate político intenso tanto por su contenido como por la falta de concreción. Desde el PP, el portavoz en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha criticado que Vox no explique “en detalle” qué implica esta medida y ha reprochado que se recurre a “ejemplos chuscos” cuando se piden aclaraciones. En este sentido, ha reclamado “algo de concreción” ante lo que considera “eslóganes y sintagmas curiosos” que no definen el contenido real de la propuesta.
La polémica se ha acentuado después de que la portavoz de Vox en la cámara madrileña, Isabel Pérez Moñino, defendiera la iniciativa con ejemplos concretos. “Una cosa tan sencilla como que Bea y Fran tengan prioridad a la hora de acceder a una vivienda en Madrid y que no la tenga Mohamed”, ha afirmado, una explicación que el PP considera inadecuada y simplista.
Díaz-Pache ha defendido, en contraposición, que “las personas que viven legalmente en Madrid son madrileñas” y que deben tener acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones. Según el dirigente popular, el problema radica en la “sobrecarga de los servicios públicos” vinculada a la inmigración irregular, no en la situación de las personas que cumplen con sus obligaciones.
“Que se atreva y lo denuncie. Os estaremos esperando”
A pesar de las críticas internas, la dirección estatal del PP ha salido en defensa de los acuerdos con Vox. El secretario general del partido, Miguel Tellado, ha asegurado que el pacto en Extremadura es “bueno para los ciudadanos” y ha desafiado al Gobierno a llevarlo a los tribunales: “ Que se atreva y lo denuncie. Os estaremos esperando”. Tellado ha insistido en que la “prioridad nacional” no implica discriminación, sino que introduce criterios como el arraigo: “Hablamos de criterios objetivos que demuestran que se tiene una vinculación efectiva y afectiva con el territorio”. Según ha explicado, se trata de un elemento más a tener en cuenta en la asignación de ayudas, no de un criterio excluyente.
Otro de los puntos sensibles es la financiación a entidades sociales. Desde Vox se ha planteado retirar subvenciones a ONG que, según el partido, promuevan la inmigración irregular. El PP, sin embargo, ha querido rebajar la tensión y ha garantizado que organizaciones como Càritas “pueden estar completamente tranquilos” porque el acuerdo “no les afectará”. Con todo, la indefinición del concepto y las diferencias en su interpretación mantienen abierta la controversia y amenazan con complicar futuros acuerdos entre las dos formaciones.