El proyecto de presupuestos del Estado del 2017 incluye 500.000 euros, en lugar de un millón como en 2016, para compensar a las familias que tengan que escolarizar a los hijos en un centro privado para estudiar en castellano como lengua vehicular al no tener dicha opción en uno público o concertado. Esta cantidad, que comenzó siendo de cinco millones en 2015, se dota para cubrir las previsiones de la disposición adicional 38.4 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

La misma fija que las familias pueden pedir (desde el curso 2014-2015) el pago de la escolarización de los hijos en un centro privado cuando no tengan en su comunidad uno público o concertado que ofrezca educación en castellano como lengua vehicular. Las familias a las que se les reconozca el derecho regulado en la Lomce serán compensadas por el Ministerio de Educación, según ciertas condiciones, hasta un importe máximo equivalente al coste de una plaza en un centro público de esa autonomía.

Dicho gasto será comunicado por Educación al Ministerio de Hacienda para que pueda "deducir o retener de la financiación autonómica que corresponda a la comunidad en cuestión", según el decreto que desarrolla este asunto, que afecta principalmente a Catalunya. Tanto la Generalitat como el Parlament de Catalunya recurrieron la Lomce en el Tribunal Constitucional por considerar que la ley invade competencias educativas autonómicas.