Durante dos meses, desde que salió la sentencia, nadie ha hablado de ello. Pero desde hace 15 días y viendo que el tiempo se agotaba, familiares y abogados se han empezado a mostrar inquietos por la posibilidad de obtener un segundo o un tercer grado. La diferencia es notoria. Y las juntas de tratamiento de las prisiones harán pública la decisión este miércoles por medio de una rueda de prensa del secretario de Mesures penals, reinserció i atenció a la víctima, Armand Calderó

El plazo acaba, formalmente, el sábado, al cumplirse los dos meses desde que se hizo pública la sentencia del Supremo sobre los líderes del procés.

Con un tercer grado, como se le concedió a Josep Lluís Núñez, expresidente del Barça, o Oriol Pujol, ex secretario general de Convergència, los presos políticos sólo tendrían que ir a dormir a la prisión. Podrían ir a trabajar y relacionarse con la familia después de dos años de prisión y con casi un cuarto ya de cumplimiento de la pena.

Los abogados Xavier Melero y Jordi Pina creen que es posible que se les otorgue el tercer grado. Pero este martes, cuando la abogada de ERC ha puesto sobre la mesa el convencimiento de que se propondrá el segundo grado, han saltado todas las alarmas y también todas las críticas.

ERC descarta el tercer grado

Los republicanos dan por hecho el segundo grado y descartan el tercero, porque "los equipos multidisciplinares no serán unánimes", según fuentes judiciales. De hecho, en los últimos 17 años ha habido sólo un tercer grado con penas de 8 y 9 años con una sentencia de la Audiencia Nacional.

La junta de tratamiento, formada por profesionales de diferentes disciplinas, hará la propuesta de la clasificación. Si no hay ninguna objeción, será la que se aplique, pero no se puede descartar que la Fiscalía y los mismos abogados de las defensas recurran. El primer recurso lo resolvería el juez de vigilancia penitenciaria. Pero si hubiera apelación, el caso subiría ya al Tribunal Supremo, que es quien tomaría la resolución final. El Govern de la Generalitat sólo intervendría en caso de que las tres prisiones ―Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric― clasificaran de manera diferente a los presos.

Negociaciones para la investidura

La clasificación penitenciaria de los presos políticos coincide con las negociaciones con el PSOE para la investidura. Si se adjudica un segundo grado, la Fiscalía no presentará ninguna objeción. Con un tercer grado sobre la mesa que permitiera salir a la calle a los presos políticos, se abrirá un debate entre las fuerzas no independentistas y entre los contrarios a que Pedro Sánchez sea presidente con la abstención de ERC.

La Generalitat tiene las competencias de prisiones transferidas y, en el actual Govern, están en manos de Ester Capella, consellera de Justícia, exdiputada de los republicanos en Madrid.

Mar de fondo

La misma mujer de Joaquim Forn intuye un "trasfondo político": "No entiendo que presupongan lo que decidirá la junta de tratamiento. Si son profesionales, tendrían que dictar el tercer grado. Aquí detrás hay política, es lo que intuyo, pero no lo entiendo", ha dicho Laura Masvidal a ElNacional.cat. Y es que la pareja de Forn, de JxCat, no entiende por qué ERC sale "a explicar el segundo grado en vez de exigir el tercero. Sólo se entiende porque hay un trasfondo político".

Xavier Melero, abogado de Forn, en una entrevista de hace unos días en ElNacional.cat, argumentaba también el tercer grado como la clasificación más adecuada para los condenados.

Y Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, ha sido contundente contra ERC: "Esta defensa y mis clientes en las últimas semanas han mantenido un escrupuloso respeto hacia la tarea de los profesionales de los centros penitenciarios que tienen que emitir los preceptivos informes. En este sentido, lamentamos las informaciones que pretenden justificar y normalizar la clasificación de los internos en segundo grado penitenciario".

Pina argumenta en un comunicado que es posible por el "entorno social que les acoge, posibilidad de encontrar trabajo, no peligrosidad en la medida que no han actuado con violencia (como de hecho ha manifestado el mismo Tribunal Supremo no condenándolos por rebelión), sin riesgo de reincidencia (el Tribunal Supremo también ha argumentado que la inhabilitación no les permite "volver a delinquir") y sin ninguna responsabilidad civil subsidiaria impuesta y pendiente de pago (que es el argumento habitual que se utiliza para denegar terceros grados)".

Los trámites a seguir

Ante el segundo o el tercer grado, también cabe la posibilidad de que se acabe otorgando un segundo grado pero que se apliquen artículos como el 109.2 o 117 en los que se les daría permisos concretos para cuidar de personas mayores, sería el caso de Carme Forcadell y Dolors Bassa, o bien para ir a trabajar los que encuentren trabajo. Un trabajo que siempre tendrá que ser en el sector privado porque están inhabilitados.

Mañana por la mañana se conocerá la clasificación de los presos. Las juntas de tratamiento de Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric se reunirán simultáneamente y trasladarán la propuesta a la Direcció General de Presons, que tiene previsto hacer una rueda de prensa para explicarlo.

Si la clasificación coincide en las tres prisiones y es de segundo grado, no se espera ningún recurso de la Fiscalía, pero sí de las defensas. El trámite lo resolvería el juez de vigilancia penitenciaria. Si hubiera un posterior recurso de apelación, el caso volvería al Tribunal Supremo que es quien resolvería finalmente la clasificación penitenciaria de los presos políticos.