Entre los tratos opacos que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tuvo con la trama Púnica, hay que incluir el pago de la suma, a cargo de las cuentas públicas, de 3.000 euros con el fin de limpiar su imagen.

Así lo revela una serie de grabaciones hechas públicas por la SER, en las que se revela como Pedro Antonio Sánchez, cuando ostentaba el cargo de consejero de Educación y con la vista puesta a postularse a la presidencia de Murcia cerró un contrato con Alejandro de Pedro, el conseguidor de la trama, para que llevara a cabo una campaña de mejora de la “reputación” de Sánchez en las redes sociales. Según explica el mismo De Pedro, el contrato tenía una cuantía de "3.000 pavos al mes" y la campaña se debía desarrollar entre octubre del 2014 y mayo del 2015, cuando se celebraran las elecciones. El pago se realizaría con dinero público de la Consejería de Educación.

Las grabaciones certifican la existencia de varias reuniones en las que habría participado directamente Pedro Antonio Sánchez, alguna de las cuales habría tenido lugar en la misma sede de la consejería.

Las grabaciones registran conversaciones entre Alejandro de Pedro, su socio José Antonio Alonso Conesa, los empleados de ambos y técnicos y jefes de gabinete de distintas consejerías de Murcia, pero otras pruebas -mensajes, whatsapps y testimonios- confirman asimismo el acuerdo.

Encargos no realizados

Con todo, los trabajos contratados no se llegaron a realizar, ya que al poco de cerrarse el acuerdo, el 27 de octubre del 2014, el juez Velasco dio luz verde a la operación Púnica por la que se ordenaron varias detenciones. Aún así, el juez se acoge a una reforma del código penal en la que se sanciona igualmente la conspiración para cometer delitos aunque no se hayan llegado a ejecutar, y por ello pedirá imputar al actual presidente murciano por cohecho, fraude a la Administración y revelación de información reservada, aunque sea en contra del criterio de la Fiscalía.

Además, el presidente de Murcia está imputado en otra causa: el Caso Auditorio, en el que se investigan las irregularidades cometidas en las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras, municipio del que fue alcalde.