Nuevo capítulo en la literatura rebuscada de la prensa española contra los políticos independentistas y las instituciones catalanas. Las constantes ofensivas políticas y judiciales contra Catalunya y el procés continúan pasando desapercibidas para los grandes medios estatales, que solo ven y denuncian los ataques de los políticos soberanistas contra su venerada justicia e incluso consideran ahora que el Parlament ha sido "secuestrado" por su presidente, Roger Torrent, y no por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que va moviendo hilos para modificar la situación en Catalunya según sus aspiraciones.

Una justicia que, aunque una vez más desoyó a los organismos internacionales como la ONU y negó a Jordi Sànchez poder presentarse al debate de investidura como candidato a la Presidència que era, consideran que va por el camino correcto. No como la Mesa del Parlament que, según su visión de la realidad, es la que se ha extralimitado de sus funciones querellándose contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Una vez más, la prensa española se vuelve a poner en el papel de jueces de la democracia y ya dan por hecho que la querella "impuesta" por el president del Parlament a la Mesa de la cámara es un delito de malversación de fondos públicos que conlleva penas de cárcel, no solo por "atacar" a la justicia, si no también por, según ellos, usar dinero público para llevar a cabo la querella.

Además, y como ya viene siendo habitual, los diarios de Madrid vuelven a lamentarse de que el "separatismo" intente por todas las vías "desacreditar a la democracia española" y más ahora mediante la "intimidación a jueces". Una democracia que, aunque la RAE sostenga que es la "forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos", cuesta de asimilar ya que, para empezar, el gobierno del PP jamás ha dado ni una brizna de esperanza al pueblo catalán para que pueda decidir libremente sobre su futuro.

Delitos de cárcel

La Razón, bajo el título "Inaceptable coacción a la Justicia", denuncia en su editorial que "se percibe un ánimo de intimidación a la independencia judicial de un cinismo inaudito", mientras aplaude que la justicia española mantenga en prisión a los políticos soberanistas. 

Para los de Francisco Marhuenda, Torrent ha "forzado a los propios letrados de la Institución a formalizar la querella, busca reforzar el nuevo relato secesionista" a través de una "estrategia" en la que, según su punto de vista, "vale todo para desacreditar a los jueces y magistrados".

Pero eso no es todo. La Razón no tiene ningún problema a la hora de dar la vuelta a la tortilla y soltar "no es posible obviar" la querella contra Llarena porque, según apuntan, "se trata de un delito castigado con hasta dos años de prisión en el que, presuntamente, habrían caído los miembros de la mesa del Parlament, que, una vez más, desoyeron las advertencias del cuerpo de letrados de la Cámara".

Lo peor, sin embargo, llega cuando ponen de relieve que "la intimidación a los jueces es una práctica especialmente execrable que atenta contra el principio de la independencia judicial, que está en la base de la democracia". Una independencia judicial que, por el contrario, muchos opinan que no existe porque, no solo en Bélgica, Alemania, Suiza y Escocia la justicia ha decidido dejar en libertad a los políticos catalanes que allí se han exiliado mientras que en España el resto continúan presos, si no porque, además, parece ser que va muy de la mano de la opinión del gobierno de Mariano Rajoy.

A pesar de eso, los de Marhuenda consideran que "no estamos ante un problema de derechos fundamentales, sino ante las inevitables consecuencias jurídicas de la intentona golpista que el separatismo catalán llevó a cabo contra la democracia española" y, precisamente por eso, emplazan a los dirigentes soberanistas a "dejar a un lado su campaña insidiosa contra los jueces" y a "reconocer la realidad" cambiando su candidato a la Presidència de la Generalitat por alguno que "no esté sujeto a apremios judiciales". Por el contrario, los políticos independentistas, continuarán "agravando las cosas".

Coacción al Estado

El Mundo va un paso más allá y se lamenta de que, "a pesar de las graves consecuencias penales que ha acarreado el uso partidista que el independentismo hizo del Parlament en la anterior legislatura", es decir, a pesar de que algunos políticos soberanistas estén en la cárcel y otros en el exilio, "las formaciones soberanistas siguen empeñadas en utilizar a su conveniencia la Cámara en la que está representada la voluntad de todos los catalanes".

En su editorial, titulada "Un Parlament maniatado por el independentismo", denuncian que la querella contra el juez del Supremo "supone una coacción inaceptable al Estado de derecho" y mezclan este hecho con las supuestas "amenazas" que recibió Llarena en su casa para justificar, así, su convicción de que eso demuestra que "los cachorros del separatismo señalan no sólo al discrepante, sino a quienes tienen la obligación de ejercer la acción de la Justicia".

Justamente con este argumento bajo el brazo, el diario citado subraya "la extraordinaria gravedad de la querella [...] en un nuevo intento de deslegitimación de los jueces" y, lo que es más para ellos, eso "demuestra que el independentismo tiene 'secuestrado' el Parlament". A su juicio, lo tiene secuestrado porque "no ha dudado en expresar sus objeciones a la viabilidad de que el Parlamento catalán como institución presente una querella por prevaricación contra un magistrado del Supremo".

Ahora bien. Tras cargar contra todos los pasos que dan los políticos soberanistas, El Mundo prueba de calmar los ánimos dando por hecho que "la querella tiene muy poco recorrido", así como que, además, los representantes de la Mesa de la cámara catalana "se arriesgan a un delito de malversación".

Según su punto de vista, si hacen todo eso es para "mantener el conflicto" y denuncian que lo hacen, de un lado, "difundiendo el mantra de la represión del Estado" y, del otro, "perpetuando sine die la formación de Govern" para "alargar la agonía". Precisamente por eso, recuerdan al soberanismo que el 155 no se levantará hasta que exista "la aceptación plena del orden constitucional y el Estatuto, y el respeto a las decisiones judiciales".

¿Avalar el procés o la democracia?

Mientras que hoy ABC no dedica demasiados espacios a la cuestión catalana —después de abrir ayer el debate de los nacionalismos y las otras lenguas que se hablan en territorio español—, El País va en una línea diferente, pero sí que dedica su editorial a Catalunya.

Esta vez, sin embargo, su editorial va dedicada al "error de los sindicatos" en asistir a la manifestación porque consideran que "avalan el ‘procés’ con su presencia en la protesta de mañana". Una manifestación que no tiene por objetivo reivindicar la independencia de Catalunya, si no exigir que se recupere la democracia levantando la aplicación del 155, así como recuperando las libertades y derechos democráticos, también dejando en libertad a los presos políticos.

Pero el diario citado no lo ve así y, por contra, considera que tanto CC.OO. como UGT "pretenden engañar" a la gente cuando afirman que su objetivo es facilitar que haya un Govern, aunque luego acaban admitiendo que "es evidente que la inestabilidad política no favorece los intereses de los trabajadores".

Justamente por eso, sostienen que su asistencia a la manifestación "es un despropósito" porque "desborda el cometido principal de una organización sindical y, sobre todo, ofrece un inestimable aval al independentismo", motivo por el cual les piden que "actualicen los criterios" y les emplazan a "comprometerse en la defensa de los derechos de los trabajadores y no de los que arruinan su futuro con su irresponsable proceder".

Ataques a la independencia judicial, delitos graves que merecen, en muchas ocasiones, cárcel, mentiras... Los diarios de Madrid tienen aprendido su discurso y trasladan a la sociedad la realidad a su modo de ver o según los intereses que les mueven y continúan sin tener en cuenta que este mensaje cala poco a poco en una parte de la sociedad que, muchas veces, acaba viendo al independentismo como un grupo de radicales y extremistas y más aún cuando son acusados de delitos tan graves como terrorismo, rebelión, sedición o, incluso, de malversación de fondos públicos. Ahora quieren hacer ver que el Parlament está secuestrado, pero no por el 155, si no por los dirigentes independentistas. Y, gracias a eso, seguramente mañana volverá a haber un nuevo capítulo en la prensa con su claro y penetrante mensaje contra los catalanes y la mayoría de sus dirigentes.