El Parlament de las Illes Balears, con mayoría absoluta de PP y Vox, ha aprobado este lunes la polémica ley del Govern de Marga Prohens que permite recalificar suelo rústico para hacer viviendas, la Ley de Obtención de sol mediante el desarrollo de proyectos residenciales estratégicos. Lo han hecho entre una gran polémica, fuerte rechazo de la izquierda y concentraciones en la calle. Según el Govern del PP, esta medida tiene que servir para luchar contra el grave problema de la vivienda en una autonomía que no padre de crecer en número de habitantes. Aunque las dificultades para acceder a una vivienda digna en las Balears son evidentes, con precios de alquiler totalmente desorbitados y fuera del alcance de muchos locales, para la oposición de izquierdas se trata de un "atentado medioambiental". Mientras se votaba la ley, a fuera del Parlament se ha concentrado medio millar de personas para mostrar su rechazo contra la nueva norma que permite construir en suelo rústico sin que antes se haya agotado el suelo urbano o urbanizable en los municipios de más de 20.000 habitantes. Los lemas más sentidos han sido "No es un gobierno, es una promotora, Marga Prohens, especuladora" o "Quien ama la tierra, no la destruye".
Durante el pleno, el Govern ha defendido que el objetivo de la medida es "paliar el problema de la vivienda" que hay en las Balears, tal como ha destacado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, a José Luis Mateo, asegurando que las viviendas que se construyan serán para|por residentes con un requisito de cinco años de residencia en todos los hogares. "Esta ley no prevé aumentar la presión demográfica, sino ofrecer vivienda a los que ya viven aquí", ha reiterado, ante las críticas de los partidos de izquierda que ha considerado injustas y falsas.
Las críticas de la oposición
Antes de empezar el pleno, la oposición ha intentado retrasar la votación, por unas supuestas irregularidades en su tramitación, aunque la mayoría del PP y Vox en la Mesa lo han impedido. Concretamente, han denunciado que uno de los puntos que constan en el texto se había eliminado durante la ponencia. Aunque finalmente la ley se ha votado y aprobado, los partidos de izquierda ya han avanzado su intención de llevarlo al Tribunal Constitucional. Desde el PSIB-PSOE han criticado que el trasfondo de la ley no es ayudar a que haya más viviendas para los residentes, sino "consolidar los derechos de las promotoras", criticando que todo ello se haya hecho sin estudios ni sin consenso. Desde Més per Menorca han lamentado que esta es una prueba más que el Gobierno del PP de las Baleares cede a los chantajes de VOX; y Unidas Podemos les ha reprochado que utilicen una problemática real como es el acceso a la vivienda para "premiar a los especuladores".