El Congreso de los Diputados tumbará este jueves con el voto del PSOE y del PP las enmiendas a la totalidad de ERC y Junts per Catalunya contra la reforma de la ley de seguridad nacional del Estado que permite movilizar recursos estratégicos -públicos y privados- en situaciones de crisis. Durante el debate mantenido esta mañana en la cámara baja española, la diputada de ERC Montse Bassa ha denunciado invasión de competencias autonómicas y ha criticado que la norma "compra el marco mental e ideológico de la derecha". La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, también ha denunciado que "fulmina las competencias de la Generalitat".
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que la modificación de la norma es "absolutamente imprescindible" para afrontar futuras crisis y ha negado que vulnere competencias autonómicas. Bolaños ha remarcado que el objetivo de la ley es "mejorar las capacidades del Estado para hacer frente a cualquier crisis" e implica una "modificación puntual" del texto de 2015, que lo adapta a lo que se ha vivido durante la pandemia. "Lo único que pretende es garantizar los recursos estratégicos sean los adecuados en caso de crisis", ha dicho. "No cambia nada en materia de competencias autonómicas" y, en el caso de la contribución de los recursos estratégicos, "prevé la obligación de coordinarse" con las autonomías, ha concluido.
El Partido Popular se ha posicionado en contra de las enmiendas a la totalidad y permitirá que el texto continúe el trámite parlamentario, aunque no ha avalado el contenido de la norma. "No es un cheque en blanco", ha avisado el diputado Juan Antonio Callejas durante su intervención ante el pleno, que ha instado el Gobierno a negociar el texto "artículo por artículo" para conseguir el aval final de los populares.
¿Qué dice la ley?
El proyecto de ley fue aprobado hace tres meses, en el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero, y tiene por objeto la creación de un catálogo de recursos públicos y también privados para determinar todos los medios con los que cuenta el Gobierno una vez que se declara una situación "de interés para la seguridad nacional" y asegurar la movilización de los mismos. En este catálogo que elaborarán ministerios, ejecutivos autonómicos y locales, se incluirán los datos de recursos humanos, medios materiales, instalaciones y todos los activos que puedan ser importantes a la hora de gestionar una crisis. Asimismo, se regulará "participación del sector privado en la contribución de estos recursos".
La norma también prevé que los recursos de las comunidades autónomas y de las entidades locales pasen a formar parte de este plan de recursos que se pondrían a disposición del país en caso de producirse una situación en la que se vea involucrada la seguridad nacional.