A tres meses de la celebración del referéndum, el Partido Popular, el PSOE-PSC y Ciudadanos se han vuelto a alinear en el Congreso para vetar la posibilidad de instar al Gobierno a respetar la convocatoria del 1 de octubre. La proposición partía del PDeCAT, y será derrotada este jueves, pese a sumar los votos a favor de Podemos y confluencias, ERC, el PNV y EH Bildu. El resultado emulará la misma circunstancia que viviría el president Carles Puigdemont, de ceder ante la prerrogativa de la Moncloa sobre someterse a votación posterior para poder tratar el 1-O en la cámara.

"La cuestión catalana pasa por un referéndum de autodeterminación. Hacemos como se hizo en el Quebec, tras anunciarse, venimos a posterior para que se respete", ha dicho el ponente de la proposición, Jordi Xuclà, durante el debate de este miércoles. Xuclà ha resaltado la cuestión plurinacional y ha afirmado que había una mayoría ya en el Congreso -incluidos los socialistas- que la defenderían, por lo que les ha instado a hacerlo a todos los efectos. Es decir, como nación cultural y política con derecho a decidir. "Similar habría hecho el PSC, no hace mucho, con la vía canadiense", les ha recordado.

En segundo lugar, la proposición también habla sobre la asistencia de Puigdemont al Congreso y fuentes del PDeCAT no descartan que se resignasen a hacerlo en comisión constitucional, de ser posible. "Falta voluntad política", sin embargo, dicen fuentes del partido a este diario. En última instancia, el texto se emplaza al día 2 de octubre: aboga por el diálogo en un espacio donde Ejecutivo y Generalitat puedan negociar o reanudar relaciones institucionales –en función del resultado de las urnas–. 

Aquí el portavoz republicano, Joan Tardà, ha puesto el acento en las medidas de coerción que pudiera emplear el Estado, señalando al PSOE como cómplice. El tono ha sido elevado y ha llegado a asegurar que podrían volver a haber presos políticos en España. "Ya ha habido multas millonarias, embargos e inhabilitaciones", ha recordado antes anunciar que el soberanismo reaccionaría a las "penas de prisión" presuntas, pidiendo una amnistía y otra vez el referéndum.

El líder de En Comú, Xavier Domènech, ha dado su voto afirmativo al "respecto" al referéndum por seguro, pero ha querido resaltar ciertas "contradicciones" de los demócratas. Primero, que esta no era la hoja de ruta con que Junts pel Sí se presentó a las elecciones. Segundo, que la semana anterior el PDeCAT se abstuvo en la moción de censura a Mariano Rajoy. Tercero, que se hablaba de dialogar y negociar, pero, en el fondo, el escrito suponía una adhesión a un referéndum no acordado y que los comuns no comparten.

El PNV, sin embargo, ha abogado por el reconocimiento del derecho a decidir dentro del entramado constitucional. "Todo proceso democrático pide el principio de inclusión de todas las sensibilidades en pie de igualdad", ha dicho el diputado Mikel Legarda.

En el bando del no, Cs ha cargado contra "Convergència", relacionando el proceso de independencia con la corrupción, los recortes y la gestión al frente de la Generalitat. "Gastan millones en sus medios públicos para hacer propaganda de su proceso", ha dicho el vicesecretario general de la formación, José Manuel Villegas.

La diputada del PSC, Meritxell Batet, ha resaltado la cuestión de la legalidad constitucional y ha lamentado la "vulneración" de la ley. "No hay garantías ni en la celebración, ni en la organización del referéndum sin una ley que lo habilite. La convocatoria, ni ustedes mismos se la creen en el fondo" ha dicho Batet, tras afirmar que aquello no era "ni dialogo, ni negociación". 

Y el diputado del Partido Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha insistido sobre que no se podría negociar "una ilegalidad", indicando que autonomía no sería soberanía, a pocos meses de un 1 de octubre donde la Generalitat quiere llamar a los ciudadanos a las urnas.