Todas las formaciones del Congreso menos el Partido Popular concluyen que hubo "uso partidista" y "persecución de adversarios políticos" por parte del ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz, aunque PP, PSOE, Ciudadanos y el PNV han votado en contra de que la mesa remita a la Fiscalía las conclusiones de la comisión. Era la propuesta de que habían hecho Podemos, ERC y el PDeCAT, pero que no ha prosperado. Por ese motivo, los republicanos, demócratas y la formación morada dicen que presentarán una querella ante el ministerio fiscal.

Los socialistas han justificado que el motivo de la comisión era depurar "responsabilidades políticas" y no legales, argumento que también han avalado Miguel Gutiérrez de Cs y el PNV. "No creemos que haya suficientes indicios para atribuir responsabilidades penales", ha explicado el portavoz de los nacionalistas vascos y presidente del órgano, Mikel Legarda, a la salida de la reunión que se ha celebrado este jueves en el Parlamento, y donde se ha votado el informe que resumen los cuatro meses que ha durado la comisión que estudiaba el funcionamiento de los cuerpos policiales bajo el mandato de Fernández Díaz.

El redactado concluye que hubo "utilización partidista con fines políticos, de los efectivos, medios y recursos del Ministerio de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con abuso de poder que quebranta las reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho", según ha tenido acceso El Nacional. En segundo término, se establece que existió una "estructura policial que obstaculizaba la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP", y participaba de la "persecución de adversarios políticos", del PSOE, de los nacionalistas catalanes (ERC, PDeCAT) y de Podemos.

El PP ha votado en contra del texto, manifiestamente molesto y tachando de "invención" la acción de la oposición a la hora de afirmar que había "policía patriótica". Cs se ha abstenido porque cree que todo responde a los dirigentes del Interior y no al papel institucional de la policía. Este no ha sido cuestionado en el redactado final, como muestra de respeto por los subordinados de Ignació Cosidó, director general de la Policía Nacional. Finalmente, los comisionados denuncian que el Ejecutivo se ha negado a facilitar información que se requería para el estudio de la comisión.

La cuestión es que el texto no contempla el término "Operación Catalunya", pues es un concepto periodístico, pero se hace referencia al caso del exalcalde de Barcelona, Xavier Trias. El inspector Ángel Fuentes Gago reconoció que su superior, Eugenio Pino, le había enviado a Suiza para "verificar" si había existido una cuenta bancaria que presuntamente Trias tenía en Ginebra, pero finalmente se demostró que era falso. "Esto es un GAL que no mataba, pero difamaba a adversarios políticos", ha denunciado el diputado de ERC, Gabriel Rufián.

Lo que no se incluye en el texto final es la conversación entre Fernández Díaz y el exjefe de Antifrau, Daniel de Alfonso. Este episodio está incluido, sin embargo, dentro del voto particular del PDeCAT y de ERC, que han adjuntado al redactado conjunto.

Ahora bien, republicanos, Podemos y demócratas quieren presentar querella ante la Fiscalía para que observe si hay indicios de delito en el texto aprobado este jueves. La formación morada se ve especialmente aquejada por el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), que difamaba presuntamente al dirigente.

El PSOE se ha desmarcado votando en contra –pese a que el diputado Antonio Trevín fue uno de quienes sufrió la "persecución" de Interior– aunque en un inicio la llegada de Pedro Sánchez permitió que se citara a los jefes policiales (Cosidó, Pino, Gago) para comparecer. Ahora bien, los diputados socialistas dicen que se negaron a votar para que lo hiciesen José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño porque con los otros tres "fue suficiente", se excusaban. 

El nuevo PSOE también se ha visto contra las cuerdas en el momento de decidir si se retiraban las condecoraciones al director adjunto de Operaciones (Pino). Dicen que han votado en contra porque sólo se querían depurar "responsabilidades políticas" con la comisión y compete a la jerarquía policial decidir si le quitaban dichas medallas honoríficas.