El pleno del Congreso debate el martes que viene una proposición de ley del PP por evitar la exhibición en espacios públicos de símbolos que consideran "excluyentes", como los lazos amarillos o las banderas esteladas y que, incluso, contempla la posibilidad de cesar a los altos cargos que lo permitan. Según el PP, no se trata de perseguir a los ciudadanos que coloquen este tipo de símbolos, sino de garantizar que las autoridades no lo hagan y que además lo impidan.

Por eso, el PP ha decidido asumir en esta norma el régimen sancionador ya recogido a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que prevé desde la amonestación al alto cargo en caso de infracción leve hasta su cese para la muy grave -por incumplimiento doloso o culposo- que comporta la imposibilidad de volver a un cargo similar entre 5 y 10 años.

También podrán ser sancionados los empleados públicos que tengan conocimiento de la exhibición de estos símbolos y no lo comuniquen a las autoridades porque, según recuerda el grupo popular, el Estatuto Básico del empleado público los obliga a actuar siempre bajo el principio de la neutralidad institucional.

La proposición de ley de "defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales", según los populares, e intenta dar máxima protección en la figura del Rey, la bandera estatal y las autonómicas, el escudo, el himno, y también los símbolos autonómicos, locales y de la Unión Europea.

Un cirujano no podría operar en un hospital público

Sobre los efectos que podría tener esta norma en casos concretos, el PP señala el presidente catalán, Quim Torra, quien, por ejemplo, no podría acudir al Palacio de la Moncloa con un lazo amarillo en la solapa, o el de un cirujano de un hospital público que no podría operar con este mismo símbolo en la solapa de su bata.

El eje sustancial de esta norma es su artículo 4, que establece que las autoridades públicas "se abstendrán de realizar y corregirán al acto cualquier tratamiento ilegal o que suponga un demérito, ofensa, injuria, vilipendio o desprestigio a los símbolos nacionales y oficiales, restableciendo la legalidad que" haya sido "conculcada". Y aclara que se entenderá por tratamiento ilegal "la colocación o la reproducción gráfica de símbolos, lemas o enseñas de naturaleza partidista y que vulneren la neutralidad institucional en los espacios públicos".

El PP deja claro que todas estas medidas se refieren a espacios públicos, de manera que quedan fuera de su alcance los de carácter privado, como pueden ser las casas particulares o los balcones donde se cuelgan lazos amarillos.