El Partido Popular vuelve la cara ante las críticas del único partido de ámbito estatal –Podemos– que los últimos días se ha atrevido a denunciar en público la requisa de carteles para el referéndum, el registro de imprentas y la entrada de la Guardia Civil en varias sedes de medios de comunicación, además de proponer una asamblea de alcaldes para pactar el referéndum, bajo el argumento de que todo ello es una maniobra de distracción para "no definirse" ante el 1 de octubre. Por ese motivo, en Génova 13 se reafirman en la idea de que el "garante de las libertades" sigue siendo el Estado, a pesar de la escalada de tensión en Catalunya y las denuncias de la formación morada sobre sus "tics autoritarios".

"Sería bueno que se lo dijera a Puigdemont, quien se negó a asistir a la conferencia de presidentes autonómicos, donde también se habló de financiación", ha dicho el portavoz de comunicación Pablo Casado durante la rueda de prensa de este lunes en Génova sobre la iniciativa de Pablo Iglesias. Eso lo atribuye a las ambigüedades del espectro de los comunes frente al 1-O, "la indefinición de Ada Colau o los mensajes surrealistas de Iglesias para no definirse", avisándoles de que acercarse al independentismo sería como "entrar en una cámara de gas" en un "suicidio colectivo".

La cuestión es que al PP no le hace falta el visto bueno de la formación morada, ni antes, ni ahora, después de que el PSOE se haya abierto tímidamente esta semana a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Oportuno" es como lo ha calificado Casado, para que el Gobierno no se quede sin ningún resorte para frenar el referéndum. En este sentido, ha afirmado que era un artículo que se había "demonizado" y que servía para "recuperar la autonomía", en realidad. Fuentes de la dirección popular, incluso recuerdan que es una medida "impecable" porque se ha extraído de la Ley fundamental de Bonn (Alemania).

Así las cosas, el partido de Mariano Rajoy reconoce que ya se habrían llevado a cabo acciones que no desearían, preguntado por las palabras del gallego el viernes, en Barcelona, cuando afirmó que si la hoja de ruta seguía adelante, la Moncloa se vería obligada a hacer "lo que no quiere". Aquí destaca la acción de la Fiscalía General cuanto a la incautación de los materiales por el referéndum, aunque Casado se vuelve que no es el Estado "quien reprime". "Hay mucha gente que quiere ser protegida por la ley", ha zanjado, comparando la impresión de carteles por el sí con los delitos contra menores o el enaltecimiento del terrorismo.

El hecho es que el aparato estatal no quedará "inerme" ante el "desafío" de las urnas y el popular ha elevado el tono recordando las posibles penas de prisión que se derivan de la presunta malversación de caudales públicos para el 1-O. Ha expuesto que el conseller Jordi Turull y otros miembros del Govern estarían cambiando el nombre de sus bienes, conscientes de que "ninguna apelación al incumplimiento de la ley será efectiva". A la sazón, argumenta que los alcaldes que quieren colaborar, así como los voluntarios, han sido "manipulados" con la "propaganda secesionista".

No ha faltado la insinuación de posible de disturbios, pues Casado ha exhibido un cartel de la CUP donde se llamaba a "señalar" alcaldes y concejales del PP, el PSC y Ciudadanos con fotografías de algunos de ellos. El popular ha denunciado en consecuencia "presiones, coacciones y agresiones" de Arran, las juventudes de los antisistema y ha dicho que eran la "kale borroka", comparándolo con los asesinatos de ETA y el clima social en el País Vasco con el terrorismo. "Señalaban a nuestros concejales y tenían después un problema", ha denunciado, pidiendo al Govern que "pusiera fin" a ello.