FCS Select Products SL es la empresa de Barcelona que pagó una comisión de cerca de dos millones de euros (concretamente 1.973.000 euros) a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por haberle vendido a la firma gallega Mape Asesores material sanitario por valor de 42 millones de euros durante el momento más crítico de la pandemia de la covid-19, en los meses de mayo y agosto del 2020. La intermediación de González Amador entre esta empresa catalana y Mape ha sido el origen de las investigaciones por un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. Y se da la circunstancia paradójica que en marzo de 2022, el PP de Madrid denunció a FCS, la empresa pagadora de la comisión a la pareja de Ayuso, ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en una decena de contratos de emergencia relacionados con la pandemia que hizo con la Administración General del Estado y al sector público institucional.
El contraataque de Ayuso por su hermano
La empresa FCS estaba incluida en la denuncia que Díaz Ayuso presentó como contraataque a la apertura de una investigación sobre las comisiones que cobró su hermano de otro contrato público por compra de material sanitario a raíz de las denuncias presentadas por varios grupos políticos, y que fue archivada para entender que no había pruebas de que el hermano de Ayuso hubiera cometido alguna ilegalidad. En aquel momento, la presidenta de Madrid ya había arrancado la maquinaria de la fiscalía contra una serie de contratos, adjudicaciones y ayudas públicas a empresas supuestamente vinculadas a miembros del Gobierno, entre ellas, una asociada a los padres de Pedro Sánchez.
En el paquete de denuncias también había una contra FCS, una empresa con sede en Barcelona y dedicada al sector de las bebidas alcohólicas, que fue uno de los proveedores del Gobierno durante la pandemia. Según consta en la denuncia que el PP de Madrid formuló en la Fiscalía Anticorrupción, firmada por su secretario general, Alfonso Serrano, donde hizo una enmienda general a la contratación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la empresa, según informa elconfidencial, fue la adjudicataria de cuatro contratos por valor de 263.126.600 euros tramitados por el "procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia". La fiscalía analizó cuatro contratos que FCS firmó con el Ministerio de Sanidad, pero también descartó irregularidades. En cambio, otra paradoja, sí que detectó indicios de delito en contratos con otra empresa, y que han derivado en el 'caso Koldo' que investiga la Audiencia Nacional.
La denuncia del PP de Madrid contra FCS se basaba en el hecho de que "ofrece servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas". "Por lo tanto" —añade— "no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato para poder ser un suministrador preferente de máscaras". En el escrito del PP también se incide en el hecho de que FCS incrementó considerablemente sus cifras de negocio gracias a estas operaciones. "El importe de la cifra de negocio de FCS fue de menos de un millón de euros en el 2018, con un beneficio de 69.000 euros, delante de los 263,1 millones que obtuvo en el 2020, a consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas con la COVID-19". La denuncia del PP de Madrid también recordaba que FCS "fue condenada en el 2016 por un delito de estafa agravada", apunta que "el delito de estafa tiene como elemento principal la existencia de engaño", y que, a pesar de todo, la empresa resultó adjudicataria de una serie de contratos. Esta empresa suministró a Sanidad más de 500 millones de máscaras, 10 millones de guantes y 150.000 gafas de protección.
Una comisión del 4,5% por intermediación
La empresa catalana, sin embargo, no suministraba material sanitario solo a empresas públicas, sino que también lo hacía a compañías privadas. Alberto González Amador intermedió en algunos de estos contratos, en concreto, consiguió para FCS una operación de 42 millones de euros con la empresa gallega Mape Asesores, por la cual cobró la comisión pactada por las partes del 4,5% del volumen de ventas. Según consta en la denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid presentó en el juzgado el pasado 5 de marzo después de recibir un informe de la Agencia Tributaria, la pareja de Ayuso defraudó a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantallas, que le sirvieron para evitar pagar impuestos de estos negocios millonarios conseguidos durante la pandemia por sus trabajos de intermediación como el que hizo con FCS. Se da la circunstancia que Mape, la empresa que compró el material a FCS gracias a la intermediación de González Amador, también tuvo como cliente a la misma Comunidad de Madrid, a la que, según eldiario.es, le adjudicó decenas de pequeños contratos en los últimos años.