Presión y amenaza del Partido Popular para que el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Los populares volverán a utilizar su mayoría absoluta en el Senado para impulsar un nuevo choque institucional, en esta ocasión si la Moncloa no lleva al Congreso de los Diputados las cuentas públicas para el próximo año. A través de la Cámara Alta, los populares quieren “requerir formalmente” al Gobierno que “proceda a la elaboración y remisión” de las cuentas públicas a la Cámara Baja. Si no lo hace, elevarán un conflicto de atribuciones al Tribunal Constitucional. La iniciativa se someterá a votación en el pleno del miércoles y será el pistoletazo de salida de un camino que puede acabar en el TC. Antes de consumarlo, el Gobierno tendrá un mes para responder al requerimiento del Senado y, posteriormente, la Cámara Alta deberá dar luz verde a elevar la cuestión al Constitucional. Con la amnistía, por ejemplo, los populares acabaron dando marcha atrás en el último momento.
Fundamentalmente, el PP se queja de dos cosas: de que Pedro Sánchez no haya presentado los presupuestos antes del 1 de octubre (que es la fecha límite que establece la Constitución) y que vaya camino de la tercera prórroga consecutiva (dado que en 2024 y 2025 tampoco hubo presupuestos) con unas cuentas que se aprobaron la legislatura pasada. “El Senado no debe admitir ni tolerar el incumplimiento de la obligación que la Constitución impone al Gobierno, ni tampoco puede admitir la práctica fraudulenta de modificación presupuestaria al margen del Parlamento”, denuncia el escrito registrado por el PP. “Esta falta de respeto a la función primigenia del Parlamento afecta muy negativamente a principios y valores estructurales de nuestro sistema democrático”, añade.
En su texto, de veinte páginas, el PP justifica que el hecho de que el Gobierno no presente presupuestos “impide y frustra por completo” que las cuentas sean remitidas al Congreso y puedan ser tramitadas por el Senado, cosa que produce una “lesión por menoscabo de atribuciones constitucionales” de la Cámara Alta. Los populares cuestionan una “estricta usurpación de atribuciones” porque el Gobierno “se está arrogando una competencia que no le corresponde autorizando gastos no previstos” con un “abuso de la prórroga” y una “anomalía absoluta” en la “organización y funcionamiento de los poderes públicos”. “El Gobierno se encuentra en una situación insostenible de déficit democrático, pues no cuenta en esta legislatura con un aval parlamentario de unos Presupuestos Generales del Estado por él presentados”, apostilla.
“La prórroga sucesiva y concatenada es inconstitucional”
El PP centra buena parte de los reproches en el hecho de que el actual Gobierno de coalición de PSOE y Sumar haya sido incapaz de presentar (y aprobar) ningún presupuesto. Los que están en vigor son los de 2023, que se aprobaron en la pasada legislatura, con el aval de ERC (Junts no entraba en la aritmética del PSOE) y con Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. “Está gobernando con los presupuestos de otro Gobierno y de otra legislatura avalados por unas cámaras de composición distinta”, recuerdan los populares. “En consecuencia, la prórroga sucesiva y concatenada, arrastrada año tras año, del mismo presupuesto de 2023 es inconstitucional, desvirtúa la anualidad del presupuesto que se convierte en plurianual y es un uso fraudulento del mecanismo de la prórroga para evitar la aprobación parlamentaria de unos nuevos presupuestos”, subrayan.
Y esgrimen que la prórroga es una “medida provisional”, una “ficción jurídica” para “evitar que haya huecos de vigencia” y tiene una “duración limitada” que es “completamente lógica y la única coherente” con el “carácter excepcional de la prórroga” para “salvar una situación extraordinaria de imposibilidad de aprobación de unos presupuestos nuevos”. “Solo cabe prorrogar el Presupuesto del ejercicio anterior, no el del ejercicio de hace dos o tres años”, concluyen.
“La Constitución no puede ser papel mojado”
En un vídeo enlatado de dos minutos remitido a los periodistas, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha defendido el nuevo conflicto de atribuciones. “Los presupuestos no son opcionales, son una obligación. La Constitución no puede ser papel mojado”, ha verbalizado. “Los derechos están para respetarse y Sánchez no lo hace. No podemos asumir como normal lo que no es normal”, ha añadido. “España no puede seguir viviendo en una anomalía democrática permanente. Necesitamos unos presupuestos urgentes, sacaremos a Sánchez de su rebeldía constitucional”, ha apostillado.
Por cierto, al principio de su breve intervención, ha lamentado que España “sigue con las cuentas aprobadas en 2022, las mismas que votó Pablo Iglesias”. Sin embargo, el que fue vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos hacía un año y medio que había renunciado a su escaño. Fue en marzo de 2021 cuando Iglesias anunció que abandonaba el Consejo de Ministros para presentarse a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid y enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso. Su dimisión como ministro fue aparejada de su renuncia como diputado. Posteriormente, el batacazo en las urnas, quedándose como última fuerza de la Asamblea de Madrid con diez escaños, hizo que decidiera dimitir y abandonar la política. Era mayo de 2021. Los últimos presupuestos se aprobaron en diciembre de 2022.
El Senado llevará al Congreso al Constitucional por el bloqueo de las leyes del PP
Hace quince días, Alberto Núñez Feijóo anunció a bombo y platillo desde el Senado otro choque institucional: un conflicto de atribuciones con el Congreso por el bloqueo de las proposiciones de ley impulsadas por el PP en la Cámara Alta. “El Congreso está hurtando al Senado la facultad de legislar por orden del Gobierno. Y, ante esta situación, es evidente que no nos quedaremos de brazos cruzados”, proclamó el líder del PP. “No estamos ante un pequeño déficit democrático, hablamos de grandes anomalías que atentan contra la base de nuestra convivencia, que es nuestra Constitución”, denunció.