La muerte de la exalcaldesa de València, Rita Barberà, por infarto en un hotel madrileño ha colocado al Partido Popular ante el espejo de sus contradicciones. Quienes hasta hace unos días la repudiaban por no haber dejado su escaño en el Senado, tras haber sido citada a declarar por presunto blanqueo de capitales, son los mismos que salían este miércoles en tromba para defenderla, olvidando sus palabras los días anteriores. A su lado se mantenían algunos amigos fieles, que ya habían advertido de la presión a que el partido y la opinión pública la estaban sometiendo.

El proceso de arrinconamiento de Barberá empezó en septiembre de este año, cuando el Tribunal Supremo le abrió una causa penal en el marco del caso Taula. Este consistía en la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del PP en el Ayuntamiento de València cuando esta era alcaldesa. El hecho tuvo lugar en medio de las negociaciones para la investidura del presidente Mariano Rajoy y justo la semana anterior a las elecciones vascas y gallegas. Ante la desazón de que eso pudiera perjudicar al partido, los populares le dieron 24h para dimitir voluntariamente.

La tensión iba escalando y las declaraciones posteriores mostraban como cada uno trataba de salvarse a sí mismo. Los dos contendientes en las elecciones de Galicia y Euskadi levantaron la voz los primeros. El gallego Alberto Núñez Feijóo le pidió a Barberá que pensara "en España y el partido". En una línea similar se había mostrado el candidato a lehendakari, Alfonso Alonso, quien la invitaba a tomar una decisión el mismo día porque el PP se merecía no llevar "ese perjuicio sobre sus hombros". Entretanto, Rajoy no ponía paz y guardaba un silencio revelador.

Pero en un clima de presión creciente en Génova, Barberá decidió que se mantendría en el escaño, pero rompería "dolorosamente" el carné del PP. Así pasó al Grupo Mixto del Senado, de donde no podía ser cesada porque el asiento corresponde a la persona y no al partido. En su comunicado, se defendía que la ley la emparaba y lo contrario "podría entenderse como una asunción de culpabilidad". Pero de no haber tomado la decisión, lo hubiera hecho el mismo PP: aquel día reunía al comité de derechos y garantías del partido, para aprobar medidas disciplinarias para forzar su dimisión.

División en Génova

La oposición estalló en reproches inmediatamente porque los populares no forzasen a una senadora electa por el PP a dejar el Senado. "Arrogante" o "indecente", la llamó el líder de Podemos, Pablo Iglesias. En el PSOE aseguraban que aquello "no tenía ni pies ni cabeza" y Ciudadanos se vanagloriaba de que gracias a su pacto anticorrupción había sido posible que Barberá dejara –al menos– el partido. Pero lo significativo fue la sublimación sobre el equilibrio de poderes y de opiniones dentro del PP, que se dividía en dos mitades: los detractores y los defensores.

Por el lado de los jóvenes vicesecretarios, su desazón fue habitual por lo que se refiere a las gestiones de Rajoy que no comparten. Estos siempre se han lamentado en privado en cuanto a los casos de corrupción y la lacra que dejan. "No es ejemplar mantenerse en el escaño", decía el vicesecretario, Javier Maroto, quien disfrutaba de la aprobación del vicesecretario de comunicación, Pablo Casado. A estos se sumaba la presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, siempre crítica con la regeneración, y que mantiene un pacto y buenas relaciones con C's en su autonomía.

En el bando de los defensores, se situaron sus fieles, a pesar de la investigación en el Supremo: la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y la exvicepresidenta de la Mesa del Congreso, Celia Villalobos. "¿Conoce a muchos ciudadanos que, sin haber declarado por aportar 1.000 euros, tengan que dejar un escaño? Yo no", dijo Cospedal. Más tarde esta denunció que "a veces parecía que algunos hasta que no vieran que determinada persona se moría de un infarto no pararían". A eso, Villalobos alegó que su amiga Barberá era una persona "muy íntegra".

FOTO: Estefania Molina – Sesión solemne de inicio de la legislatura

Bofetada de Aznar

Quienes conocían a Rita creen que nunca se terminó de rehacer de su expulsión. El ejemplo fehaciente fue hace unos días cuando Barberá coincidió con el exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, en el Congreso y ella le gritó "Marguiii". Él se giró y la saludó visiblemente forzado por la situación. Al respecto, el propio expresidente José María Aznar no ha perdido ocasión -como ha hecho ya en otras ocasiones- de lanzar un dardo a Rajoy enviando un comunicado donde denunciaba que hubiera muerto tras ser "excluida del partido donde había estado toda su vida".

Rajoy, silencio en público

Pero si hay una pieza reveladora en esta trama, es la de Rajoy. El presidente guardó silencio en el episodio de la dimisión, pero desde entonces sus gestos privados siempre han denotado un trato de respeto. Dos hechos recientes lo ilustran: el primero, que Barberá fue invitada a la inauguración solemne de la apertura de la legislatura con el Rey y se sentó con el Grupo Popular en el Congreso. Y el segundo gesto, que Rajoy declarara este mismo miércoles que había llamado a Barberá después de su declaración en el Supremo el lunes, para saber cómo estaba.

Así las cosas, la protección del líder del PP siempre ha encontrado en la rumorología un clima de opinión sobre que Barberá conocía informaciones comprometedoras para el PP. La versión sí contrastada es la amistad con Rajoy: València fue el lugar donde el presidente consiguió el apoyo del PP de la comunidad, liderado por la exalcaldesa y Francisco Camps, frente al desprecio de Rajoy de Aznar y los embates de Esperanza Aguirre. La segunda prueba de fidelidad de Barberá fue en el 2014, cuando le aceptó a Rajoy presentarse a unas elecciones municipales que sabía que perdería.

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