Impresiona la capacidad de algunos diarios españoles para rehacer el relato informativo de manera que los responsables directos de bloquear la renovación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional sean los buenos de la película mientras los que proponen soluciones, más o menos acertadas, pasan a ser los responsables. Por suerte, El País publica este sábado la noticia de unos hechos que servirá para desenmascarar a los diarios que especulan y fabrican realidades alternativas a medida de los intereses partidistas a los que se someten. La Razón es uno: afirma en su título principal de portada que el Tribunal Constitucional (TC) quiere decidir antes de que el Senado vote la reforma del Código Penal y del mecanismo de elección de miembros del mismo TC, como queriendo decir que lo hará en contra. El Mundo, que atribuye al TC, en general y sin nombres, una crítica al "déficit democrático" del PSOE. ABC, que habla de un "asalto a la justicia" y asigna "a los jueces" —también así, en general—, el reproche al gobierno español de que su acción acerca España a los estados expedientados por la UE por degradar la independencia de la justicia. Pues bien, resulta que el letrado principal del TC recuerda que la doctrina del tribunal es contraria a los intereses del Partido Popular y, de rebote, a los de los diarios que les sirven, como los tres mencionados.
Es chillón que, entre los diarios catalanes, solo Ara destaque la decisión del Tribunal de Cuentas (TCo) de procesar a 35 excargos del Govern por el 1-O y la acción exterior, incluidos Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, porque a los consejeros del TCo no les gusta lo que hicieron, especialmente la acción exterior. El TCo, pese al nombre, no es un órgano judicial sino el ente fiscalizador de la gestión contable de cualquier administración, organismo o empresa públicas. Sus miembros no son electos, sino que los pactan el PP y el PSOE, los partidos mayoritarios. Juristas como José Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Supremo, consideran que la decisión de procesarlos contradice la ley del mismo TCo y, en el caso de los condenados por el Supremo, supondría un doble enjuiciamiento por los mismos hechos, cosa del todo inconstitucional.
Este estado de cosas nos lleva de golpe A un problemón —el problemón—, del que los diarios no se ocupan muy directamente: la degradación del estado de derecho. La Fundación Hay Derecho, nada amiga de bolivarianos ni de separatistas, lo valora en un informe publicado hace dos semanas. Dos aspectos llaman la atención. El primero, el exceso legislativo del gobierno español. Entre 1978 y el 2015, los decretos-ley eran la tercera parte de las leyes ordinarias aprobadas por el Congreso. En 2018, los decretos-ley ya representaban el 72%: once leyes ordinarias de las Cortes Generales y 28 decretos-ley del gobierno. En el 2021 supusieron el 60% de la legislación ordinaria. Es decir, legisla más el Ejecutivo (el gobierno), que el Legislativo (el Congreso y el Senado) y la vía ordinaria para hacerlo es el decreto-ley, instrumento excepcional —para casos de necesidad extraordinaria y urgente— que permite aprobar leyes sin informes previos, poco debate parlamentario y escasas posibilidades de introducir enmiendas. Es el mundo al revés. El segundo aspecto preocupante es la ineficiencia de la justicia. España es el Estado de la UE con el presupuesto más elevado para el sistema judicial y también uno de los que tiene menos jueces. También es el que va más retrasado en la ejecución de sentencias: la parálisis en el Consejo del Poder Judicial es la causa de que se hayan dictado mil sentencias menos al año. La culpa es de los independentistas.
