La OCDE, un club de estados mayoritariamente ricos, recomienda a España que recorte las pensiones, alargue la edad de jubilación, rebaje las prestaciones sociales, frene los aumentos del salario mínimo, suba el IVA y deje de subvencionar la energía y los alimentos. Los diarios lo dicen de la manera más complicada posible, en parte para apaciguar la dureza del análisis de este organismo sobre España, en parte porque algunos todavía piensan que hace serio y de categoría explicar las cosas con lenguaje académico y abstruso. La Vanguardia, por ejemplo, en vez de hablar de rebajar o recortar las pensiones —no sea que lo entendamos y nos enfademos—, titula en portada que la OCDE "quiere que España suba a cuarenta años el periodo de cómputo de las pensiones", que-no-es-exactamente-rebajar-las-pensiones, ñí, ñí, ñí. No lo es al 100%, claro. Pero sí para un 90%, un 95% de los pensionistas futuros. El Ara hace lo mismo. Otro caso gracioso de la neolengua que utiliza la OCDE, y se contagia a muchos periodistas, es llamar "reconstrucción del espacio fiscal" a subir los impuestos y disminuir las subvenciones, las ayudas y las bonificaciones fiscales. Tú tienes la suerte de que el Quioscos & Pantallas te lo traduce y, sobre todo, que algunos diarios se esfuerzan: La Razón, que habla de "frenar la subida del SMI y recortar pensiones" y El Periódico, que escribe "subir el IVA y retrasar la jubilación" y "eliminar las actuales medidas contra la inflación".
Las propuestas del organismo internacional son entre exigentes y crueles y no han hecho la fortuna de abrir ninguna portada. No lo lleva ni la primera página de El País. Cuesta entender por qué. Claro que los consejos de la OCDE no son obligatorios, pero influyen en la cabeza de muchos políticos que después tienen que gobernar y tomar medidas —los contemporáneos, tan faltos de ideas propias y de personalidad para sacarlas adelante— y los inclinan en la dirección del organismo, que no es precisamente un defensor encendido de las políticas redistributivas.
Carles Puigdemont vuelve a ser protagonista de algunas portadas. Hace semanas que lo es casi cada día. La Vanguardia abre con las condiciones que el Círculo de Economía —otro club de gente y entidades bienestantes— pide para aceptar la amnistía que el presidente exiliado dejó sobre la mesa de Pedro Sánchez como requisito sine qua non para investirlo presidente del gobierno español. Que todo el mundo, incluido el Círculo de Economía, pueda decir su opinión sobre la cosa pública es señal de salud democrática, tanto como reconocer la legitimidad de los representantes electos, que tienen el mandato real de la ciudadanía. Puigdemont también está en la primera de El Mundo (como este miércoles) y de La Razón, que hacen un pisto sbagliato con todos los rumores y chismes que corren sobre el contenido de las negociaciones entre PSOE y Junts. Tiene gracia cómo el tabloide ultra ha redactado el título: "Puigdemont exige que el Estado les devuelva 7 millones de euros". Es un despropósito: ni el dinero es "de ellos" (¿quién serán, estos les?) ni es propio hacer ver que "ellos" roban algo que no les pertenece. Es la misma sustancia de la amnistía: si extingues el delito, extingues el castigo. No es difícil de entender, por más difícil que sea de aceptar.
