Esta semana, las portadas han dejado de lado demasiado pronto a Carles Puigdemont, el president exiliado. En Italia, Puigdemont ha ganado mucho y Pablo Llarena y el Tribunal Supremo han perdido mucho. Más de lo que parece. Llarena tendió una emboscada judicial a Puigdemont. Doble fracaso. Primero, permite comprobar otra vez que los exiliados del 1-O no se esconden de la justicia, no son unos "huidos", unos "prófugos" —mentira perenne del unionismo— y que son libres en todas partes menos en España. Segundo, porque el tribunal de Sassari, al someter su decisión a la determinación de los tribunales de la UE, dice de manera muy elegante que Llarena y el Supremo español no tienen razón, que su jurisdicción es inferior a la del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), al que debían someterse —como hizo la Abogacía del Estado— y suspender las euroórdenes.

Los diarios de Madrid pueden disfrazar la decisión como una "extradición aplazada". También pueden cantar jotas. Ya puestos a hacer de coristas de Llarena y del Supremo, lo suyo sería que agradecieran a los jueces sardos que no recriminen a uno y otro que quisieran saltarse los tribunales de la UE y a los gobiernos de Italia y de España para conseguir la entrega directa de Puigdemont (y de Toni Comin y Clara Ponsatí). Algo así tiene todo el aspecto de una acción maliciosa de un tribunal canalla y es difícil pensar que los jueces italianos no lo advirtieran al proteger los derechos de tres diputados europeos y las resoluciones del TGUE de un abuso.

Desobedecer a la justicia europea

Porque el trasfondo de la resolución de Sassari —lo dice sin decirlo— es que el Supremo y Llarena nunca quisieron obedecer la sentencia del tribunal europeo. Ocultaron deliberadamente que querían detener a Puigdemont a toda costa, traicionando la confianza del TGUE, y esperaron el momento propicio para activar oscuros contactos —"entre policía y jueces", según Mario Draghi; "las cloacas", dice Pérez Royo— y atrapar a los exiliados. Así se comporta un bandolero, pero no un estado de derecho. Los diarios italianos, especialmente el progresista La Repubblica, explicaron en esta línea lo sucedido.

Quizás sería preciso preguntar más, especialmente, en los organismos europeos, para saber si consideran tomar más precauciones en los asuntos en que intervenga la justicia y las fuerzas de seguridad españolas. Sorprende que los diarios y el kommentariat no insistan más en todo lo que supone el fiasco de Sassari, pues afecta a la seguridad a la y protección de los derechos civiles y políticos de cualquier ciudadano español, también de los no independentistas, dentro y fuera de su país. Pero no, los diarios y el kommentariat están demasiado ocupados al salvar la cara del Tribunal Supremo y de Pablo Llarena pensando que así guardan el prestigio del Estado y protegen a España. A los ciudadanos que les den.

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Imagen principal, Carles Puigdemont podo después de salir del tribunal de Sassari, en Cerdeña / Efe