El Mundo se escandaliza porque cambia de opinión el fiscal del Tribunal Supremo que ha redactado el informe sobre la exposición del magistrado Manuel García-Castellón, el juez de la Audiencia Nacional que pide al Supremo que investigue a Carles Puigdemont y otros por terrorismo. El fiscal, Álvaro Redondo, en un primer “borrador interno” —como él mismo lo llama— sí apreció indicios de terrorismo, como García-Castellón. El informe final del fiscal, sin embargo, dice lo contrario: los hechos descritos por García-Castellón no se pueden considerar terrorismo. Este informe es el que este martes examinan los fiscales de la sección primera de lo Penal del Supremo. Al tabloide ultra le gustaba más “el borrador interno”, pero como sus gustos no son razón ni argumento jurídico —y queda feo decirlo desde el diario— ha tomado otro camino para embarrar el caso: ahora dice que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho cambiar de criterio a su subordinado Redondo.
Lo afirma indirectamente y sin pruebas, con la técnica de hacerte sacar la conclusión que el diario quiere: como entre el borrador inicial y el informe final hay una reunión entre el fiscal general y Redondo, tú acabas pensando que aquel ha cambiado de opinión presionado por su jefe. Claro que los dos fiscales no hablaron del tiempo, pero eso no prueba que el fiscal general diera instrucciones al fiscal del Supremo. ¿Y si Redondo ya había cambiado de opinión antes de encontrarse con García Ortiz? El título de portada es venenoso: aunque no afirma nada directamente, no te deja pensar otra cosa: “El fiscal se retractó en 72 horas de cinco indicios de terrorismo”. ¡Solo en 72 horas! ¡Cinco indicios de terrorismo! ¡Qué escándalo! Es infantil, pero muchos pican. A ver, un indicio no es una prueba y 72 horas es más de media semana. Parece bastante tiempo para cambiar de criterio, más aún sabiendo que la fiscalía de la Audiencia Nacional no ve fundamentada la exposición de García-Castellón. En el borrador que gusta a El Mundo, Redondo atribuye a Puigdemont “conductas consistentes en realizar actos que afectaron en dichos bienes jurídicos, con la evidente intención de atentar gravemente contra la paz pública y obligar a los poderes públicos”. Es exactamente lo que piensas: humo.
No tiene remedio, pero, porque pueden ser ultras, pero no son bobos. El Mundo lleva muchos días calentando a su parroquia contra el fiscal Redondo, a quien no ha servido de nada haberse pronunciado públicamente contra la ley de amnistía, como explica Ernesto Ekaizer en El Periódico: “No hay duda de la inviabilidad constitucional de una ley de amnistía”, escribió el fiscal en noviembre pasado. Tampoco le ha servido explicar que el fiscal general no le dio ninguna instrucción. Para tapar cualquier resquicio, el mismo diario —y el mismo Consejo General del Poder Judicial que exige a los diputados que callen— se ha cuidado de presentar al actual fiscal general del Estado como un títere del gobierno central, del que legalmente depende, por cierto. Siempre que García Ortiz aparece en ese diario, el lector ve una marioneta de Pedro Sánchez. El Mundo no explica nunca, sin embargo, que el fiscal general tiene todo el derecho de reunirse con cada uno de sus fiscales siempre que quiera, y que está legitimado para ordenarles que cumplan sus orientaciones. Es tan legítimo como que un fiscal cambie de opinión sobre unos hechos después de estudiarlos mejor. Aunque no guste a El Mundo —o a los amos de El Mundo.
