Las portadas de este lunes tienen un deje especulativo y de confrontación. Hay como un eco lejano de tambores electorales en España y los diarios madrileños parece que buscan brega. Después de una semana complicada, han descubierto la sopa de ajo: el precio de la luz puede decidir quién ocupa el gobierno de España. Pedro Sánchez salía este domingo en El País a contener las llamas del incendio con la promesa de que a final de año pagaremos menos por la luz que antes de la pandemia. Yolanda Díaz, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, de Podemos, sale a felicitarlo y El País lo menciona a escondidas dentro de una noticia brevísima.
Inés Arrimadas ha olido la sangre —aprovechar cualquier oportunidad es para ella de vida o muerte— y sale a toda página en ABC con un argumento oportunista pero que hace ruido: si esos aumentos de la tarifa eléctrica los presidiera un gobierno de la derecha, PSOE y Podemos quemarían las calles. El Mundo ya atiza el fuego de las encuestas y dice que Sánchez cae por debajo de los 100 escaños y la suma de PP y Vox sube a 178, tres sobre la mayoría absoluta. El 85% de los encuestados dice que el gobierno español no hace bastante por contener el precio de la luz. Faltará saber qué piensan cuando arranque la repartidora del dinero del plan de reconstrucción de la Unión Europea que manejará la Moncloa.
En el otro lado, El País intenta distraer a la gente de las tribulaciones eléctricas del gobierno señalando que un Consejo del Poder Judicial y un Tribunal Constitucional caducados tomarán decisiones muy serias y la culpa es del PP. Destacan los recursos contra los indultos a los líderes independentistas encarcelados, y la constitucionalidad del estado de alarma y de la reforma del mismo Consejo. Todo es discutible, pero todo eso no tiene ni medio caballo de tracción comparado con el precio de la luz, que rasca el bolsillo de cada ciudadano. Independentistas y jueces les dejan tan indiferentes como un techo metálico bajo la lluvia: el repiqueteo del agua hace mucho jaleo pero debajo no se moja nadie. Tendrá gracia si el gobierno más progresista de la historia se condena porque permitió a las eléctricas forrarse con una tarifa regulada. Y será verdad que Catalunya ha desaparecido del mapa político.
