Es muy interesante hoy leer seguidas las portadas de Ara y de El Periódico. Se complementan la mar de bien. Con un poco de contexto, se explican la una a la otra y encajan como dos piezas vecinas de un rompecabezas. Dice Ara que los catalanes pagaremos más impuestos que los madrileños —en concreto 313€ menos para los que cobran el salario más habitual, 18.000€— si prospera la rebaja de impuestos prometida por la presidenta Isabel Díaz Ayuso este lunes.
El Periódico enseña la otra cara de la moneda. En Madrid es donde la Covid-19 hace más estragos —más casos (un tercio del total de España) y más muertos—. En Madrid el riesgo de rebrote es de 591 puntos, 243 más que la media española y 415 más que Catalunya. (Para que te sitúes, más de 100 puntos es riesgo alto). En Madrid hay CAPs donde los médicos atienden a 60 pacientes cada día y otros que tardan una semana en citarlos. En Madrid, los pacientes de Covid ya ocupan más del 20% de las camas de hospital y el 30% de las plazas de UCI.
Puestos a prometer, el mismo lunes Ayuso anunció que su gobierno destinaría 80 millones a la sanidad pública en tres años. Ara se sorprende de la alegría fiscal y presupuestaria madrileña porque los ingresos de la autonomía están por los suelos y no cuadran las cuentas. Ayuso también tiene respuesta a esta inquietud: hace 16 años que Madrid rebaja impuestos y así seguirá.
¿Quién paga todo esto? Ayuso lo explicó el jueves pasado, indirectamente, en una carta dirigida a Pedro Sánchez, a quien recuerda que "la repercusión de la pandemia en la economía madrileña es crucial para España [...] lo cual aconseja diseñar un plan específico". Es decir, pide que el resto de España pague las rebajas fiscales a los madrileños —a los que queden vivos— y su cobertura sanitaria. Si Francis Drake fuera presidente de Madrid no lo habría pensado mejor. Pero no se puede decir que Ayuso roba —ni lo pienses— porque lo hace con "absoluta lealtad al marco constitucional, a las instituciones, al Gobierno de la Nación y al compromiso que esta Comunidad, por ser capital, tiene con España", según la mencionada carta.
El drama aquí —de eso aun no hablan los diarios— es justamente el inciso "por ser capital". Ayuso sabe que no hay, digamos, narices de confinar Madrid aunque sea una de las regiones más peligrosas de Europa por la extensión e intensidad de la pandemia, como dejó caer ayer el ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn. Cerrar Madrid, dice el argumento, provocaría un perjuicio económico superior al coste sanitario (muertos y demás víctimas) para el conjunto del estado. No se cerró la ciudad en marzo, no se hará ahora. De manera que es muy probable que Ayuso se salga con la suya: rebajará impuestos a los madrileños y la fiesta se la pagará el resto de España.
La derecha mediática de Madrid se conjura hoy para dejar a la fiscal general a los pies de los caballos porque tocan a los suyos. La Vanguardia i El Punt Avui se distraen con el anteproyecto de la ley de la memoria democrática, que sustituirá a la de la memoria histórica de 2007. En Madrid lo tienen claro. El Mundo sale a proteger a los victimarios y represores del franquismo al recordar la ley de amnistía de 1977. La Razón levanta una valla protectora de la dictadura apelando al Tribunal Supremo. Artillería de grueso calibre. Ahí es nada.
Entre una cosa y otra, este anteproyecto de ley parece una cortina de humo. No incluye ninguna provisión sobre las leyes de amnistía de 1977 y de secretos oficiales de 1968, que son el escudo legal que protege la impunidad del franquismo. Tampoco se conoce su provisión económica ni asignación presupuestaria. Los diarios no dicen nada. Quizás mañana o pasado.
Entretanto, en Catalunya, una parte de las víctimas del expolio franquista aun tienen que recuperar los documentos familiares que les arrancaron manu militari y permanecen encerrados en el archivo de Salamanca —la ahora vicepresidenta Calvo era la ministra que debía encargarse de todo. Entretanto, en Catalunya, van avanzando proyectos de parques eólicos sobre el territorio donde quedan enterrados los restos de los soldados de la batalla del Ebro. Son dos situaciones protegidas por las vigentes leyes de memoria histórica. No es un precedente esperanzador.
