"Las 48 horas del chantaje de Marruecos a España a costa de Ceuta". El titular de la crónica publicada este sábado por el Faro de Ceuta no deja margen para los eufemismos. El diario, testigo directo del caos vivido en el espigón del Tarajal, asegura que vio cómo los agentes marroquíes que debían vigilar la frontera "dejaban que una marea humana entrara sin problemas" y animaban a los menores a lanzarse al agua. Primero fueron cientos; después, miles. Mientras, continúa el relato, Mohamed VI celebraba la Fiesta del Trono mientras en Ceuta se gestaba una nueva agresión contra España: "Un chantaje en toda regla", sostienen. Esta es la percepción que se ha extendido en Ceuta después de que más de 60.000 migrantes, mayoritariamente marroquíes, entraran en la ciudad en pocas horas sin encontrar prácticamente resistencia al otro lado de la frontera. Miles de personas que llegaban de diferentes lugares de Marruecos, incluso de kilómetros de distancia, sin ningún control por parte de las autoridades marroquíes, y todo ello sin que los servicios de inteligencia españoles sospecharan nada. Una sensación alimentada por las imágenes de multitudes bordeando el espigón, por los testimonios sobre la pasividad de los gendarmes y por un precedente demasiado reciente para haber sido olvidado: la crisis de mayo de 2021, cuando Rabat relajó los controles como represalia por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Pero a pesar de las sospechas compartidas por la mayoría de los medios españoles e internacionales, por los analistas y expertos en geopolítica y el convencimiento de la población ceutí y del resto del Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue cerrando filas y defendiendo a Marruecos a capa y espada. ¿Por qué? Es la pregunta que se hace todo el mundo.
El relato paradójico del gobierno español
La defensa de Rabat no ha sido implícita, sino rotunda. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España, sino un socio absolutamente fiable". Una afirmación difícil de encajar con la descripción de los hechos como un "ataque contra la integridad territorial" española que hizo Pedro Sánchez: el Gobierno admite la agresión, pero descarta que participara el país desde el que llegaron más de 60.000 personas. Marlaska atribuye precisamente a la cooperación "leal" con Rabat que la crisis se haya revertido en menos de 48 horas y se limita a anunciar una evaluación conjunta de lo que pasó. Pero las excusas de Marlaska, asegurando que el asalto masivo a Ceuta cogió por sorpresa al CNI —cosa que el líder del PP Alberto Núñez Feijóo ya ha dicho que no se cree—, además de que deja en muy mal lugar a los servicios de inteligencia españoles, también cuestionan la supuesta colaboración entre los dos países en materia de inmigración y alimentan el relato de que España podía tener sospechas, pero no hizo nada.
El presidente español también ha evitado cualquier acusación contra Rabat. En Ceuta habló de una colaboración "muy razonable" con los países de origen y de tránsito, responsabilizó a las mafias de la avalancha y posteriormente destacó que la cooperación marroquí había permitido revertir la situación en solo 48 horas. La Comisión Europea se ha alineado con este relato y ha calificado a Marruecos de "socio clave y de confianza", celebrando "la estrecha cooperación" entre Madrid y Rabat para frenar los flujos y facilitar los retornos. La acusación de Sánchez es de una gravedad extraordinaria, pero tiene un vacío aún más revelador: si España ha sufrido una violación de su integridad territorial, ¿quién es responsable? El presidente identifica la agresión, pero no al agresor. Y cuando llega el momento de explicar cómo se pudo producir una entrada de estas dimensiones, no solo evita señalar a Rabat, sino que elogia su colaboración posterior.
El sospechoso es también quien tiene la llave de la frontera
Y esto fundamenta la primera explicación de esta defensa del Gobierno español hacia su vecino, que es inmediata y práctica: España necesita a Marruecos para salir de la crisis. Madrid puede enviar policías, guardias civiles y militares a Ceuta, levantar barreras en el mar y convertir el espigón en una fortaleza, pero no puede impedir que miles de personas se concentren en el lado marroquí. Tampoco puede devolverlas si Rabat no acepta que vuelvan a entrar en su territorio. En menos de 48 horas, la inmensa mayoría de los migrantes que habían llegado a Ceuta emprendieron el camino de vuelta. El Gobierno español lo presenta como una prueba de la eficacia de su gestión y de la buena cooperación marroquí. Pero la rapidez con que se revirtió el flujo también refuerza las sospechas: el mismo país que no impidió que decenas de miles de personas llegaran hasta la frontera demostró después que tenía capacidad para recuperar el control.
Esta es la gran contradicción de la relación de los dos vecinos. España custodia el lado europeo de la frontera, pero Marruecos controla buena parte de lo que ocurre antes de que la multitud llegue al Tarajal. Cuando Rabat despliega a sus agentes e intercepta las rutas, la presión disminuye. Cuando relaja la vigilancia o mira hacia otro lado, Ceuta y Melilla quedan expuestas. Por eso Madrid difícilmente puede acusar públicamente de chantaje al gobierno al que, al mismo tiempo, pide que vacíe los accesos a la frontera, acepte los retornos y evite una nueva avalancha. El sospechoso es, también, el único interlocutor que tiene la clave para restablecer la normalidad. Cerrar filas con Marruecos es, por tanto, una forma de realismo diplomático, pero también la expresión de una vulnerabilidad. La Moncloa defiende a Rabat porque lo necesita para resolver la crisis, porque no dispone de pruebas concluyentes para acusarlo y porque una confrontación pondría en riesgo intereses migratorios, comerciales, policiales y territoriales. Pero también porque reconocer un nuevo chantaje significaría admitir el fracaso de la estrategia construida desde el giro sobre el Sáhara.
Acusar a Rabat sería cuestionar el giro del Sáhara
La prudencia de Sánchez también responde a esta necesidad política. El Gobierno español ha convertido la reconciliación con Marruecos en uno de los principales éxitos de su política exterior. La Moncloa ha defendido que el giro sobre el Sáhara en el año 2022 permitió abrir una etapa de confianza, estabilidad y cooperación después de décadas de crisis cíclicas. En la declaración conjunta de la reunión de alto nivel celebrada en diciembre de 2025, ambos gobiernos afirmaban que la relación atravesaba el momento "más sólido y prometedor". El documento calificaba la colaboración marroquí en la lucha contra la inmigración irregular de "ejemplar y leal" y presentaba la gestión migratoria conjunta como un modelo para las relaciones entre Europa y África. Acusar ahora a Rabat de haber provocado deliberadamente la avalancha equivaldría a reconocer que la concesión sobre el Sáhara no neutralizó la diplomacia coercitiva marroquí. Sánchez debería explicar cómo una cooperación presentada hace solo ocho meses como ejemplar ha podido desembocar en la tragedia fronteriza más grave vivida en España.
También quedaría en cuestión el precio pagado por recomponer la relación: el giro sobre el Sáhara provocó una profunda crisis con Argelia, el gran rival regional de Marruecos y el principal defensor del Frente Polisario, que suspendió el tratado de amistad con España. Si Rabat ha vuelto a recurrir a la presión migratoria, la estrategia de Sánchez no habría resuelto el problema de fondo, sino que solo habría comprado unos años de tranquilidad.
Argel, el Sáhara y el Mundial, en el trasfondo
La nueva crisis llega, además, en un momento especialmente delicado. Sánchez visitó Argel el 20 de julio, en el primer viaje de un presidente español a Argelia en cuatro años, en buena parte motivado por la necesidad de garantizar el suministro energético y diversificar las fuentes de gas. También se han producido movimientos políticos en España relacionados con los saharauis, como la iniciativa para facilitar el acceso a la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1975.
A esto se añade la pugna por la final del Mundial de 2030, que España, Portugal y Marruecos organizarán conjuntamente. Algunas fuentes sostienen que los servicios de información habían advertido de un deterioro de las relaciones vinculado, entre otras cuestiones, a los gestos de Sánchez con Argelia, a la decisión sobre la final mundialista y a la sentencia del Supremo. No hay pruebas públicas por ahora que permitan establecer una relación directa entre ninguno de estos episodios y la apertura de la frontera. Son hipótesis que hay que presentar como tales. Pero también es cierto que Rabat acostumbra a interpretar cualquier movimiento sobre Argelia, el Sáhara o el reconocimiento de su soberanía regional como una cuestión estratégica.
Mucho más que inmigración
La dependencia española de Marruecos tampoco se limita al control de las fronteras. La relación abarca ámbitos especialmente sensibles para los dos estados. En materia de seguridad, Madrid y Rabat comparten información de inteligencia —aunque en el caso de Ceuta de poco ha servido— y colaboran contra el terrorismo yihadista, el narcotráfico, el crimen organizado y las redes de tráfico de personas. La declaración bilateral de 2025 habla de una cooperación antiterrorista "ejemplar" y destaca la desarticulación conjunta de varios grupos.
Los intereses económicos también son enormes. España es el principal socio comercial de Marruecos desde 2012 y los intercambios alcanzaron en 2024 la cifra récord de 22.693 millones de euros. El reino alauita es, además, el principal destino de la inversión española en África, mientras empresas españolas compiten por grandes contratos ferroviarios, energéticos, portuarios e hidráulicos.
Existe también la operación Paso del Estrecho, que este verano tiene que gestionar más de 3,5 millones de viajeros y unos 800.000 vehículos. El mismo Ministerio del Interior español afirmó en junio que la colaboración entre los dos países es "la clave del éxito" de un dispositivo de una complejidad extraordinaria.
Y todavía queda el Mundial de 2030, que obligará a España y Marruecos a coordinar durante los próximos años inversiones, infraestructuras, transportes y dispositivos de seguridad. Una ruptura diplomática afectaría a todos estos intereses y abriría una etapa de inestabilidad con un vecino que, además, no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla.
La política de no enfadar a Mohamed VI
Marruecos es formalmente una monarquía constitucional, pero en la práctica funciona como un régimen fuertemente autoritario en el que Mohamed VI concentra los principales resortes del poder: dirige la política exterior, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, preside los consejos estratégicos y, como comendador de los creyentes, ejerce también la máxima autoridad religiosa. La relación con España depende en buena parte de la voluntad del monarca, que mantiene un canal privilegiado con la Casa Real española y una relación institucional con Felipe VI, utilizada tradicionalmente para contener o reconducir las crisis entre los dos gobiernos. Habrá que ver cómo puede afectar esta crisis de Ceuta en las relaciones, después de que Felipe VI se haya mostrado públicamente “preocupado e indignado”, y no ha trascendido si ha podido haber alguna comunicación personal entre los dos monarcas para abordar la situación. El futuro de Mohamed VI y de la monarquía alauita también abre muchas incógnitas. La salud del rey se ha deteriorado: ha sufrido problemas cardíacos, una operación de hombro y episodios de lumbociática, ha reducido la agenda y aparece visiblemente debilitado.
Paralelamente, el palacio prepara gradualmente el relevo: el príncipe heredero Mulay Hassan, de 23 años, representa cada vez más a su padre en actos oficiales y ha recibido responsabilidades dentro de la estructura militar, en una transición planificada para garantizar la continuidad del régimen y de sus grandes prioridades estratégicas, también respecto a España, el Sáhara, Ceuta y Melilla. Todo apunta a una sucesión ordenada, no a una lucha abierta por el trono. La conclusión sería que cambiaría el rey, pero difícilmente cambiarán los intereses del reino. España puede encontrar un interlocutor más joven y moderno, pero continuará ante una monarquía que considera la inmigración, el Sáhara y la frontera instrumentos centrales de su política exterior. La mejor garantía para Madrid no es confiar en el talante del futuro Mohamed VII, sino reducir la dependencia que permite a Rabat convertir cualquier desacuerdo en una crisis fronteriza.
La tragedia humana: silencio marroquí y opacidad española
El silencio de Marruecos ante la muerte de decenas de ciudadanos suyos es una de las derivadas más reveladoras de la crisis. Hasta ahora, ni Mohamed VI ni el gobierno de Rabat han expresado públicamente condolencias, han anunciado una investigación o han ofrecido explicaciones sobre la actuación de los agentes fronterizos, a pesar de que el balance ya se acerca al centenar de víctimas —España contabiliza al menos 67— y las autoridades marroquíes han recuperado más cuerpos en su costa. Reconocer la tragedia obligaría al régimen a afrontar tres cuestiones incómodas: por qué decenas de miles de jóvenes quieren huir del país; cómo pudieron llegar al Tarajal sin ser interceptados, y qué responsabilidad tienen las fuerzas marroquíes en unas muertes producidas delante de ellos. También contradice la imagen de estabilidad y progreso que Mohamed VI acababa de proyectar durante la Fiesta del Trono. Por eso Rabat prefiere reducir los muertos a un efecto colateral de una crisis que atribuye a las mafias y a los incentivos españoles. Este silencio refuerza la sospecha de que las víctimas fueron tratadas como una pieza prescindible de la partida diplomática. Y hace todavía más comprometida la defensa de la Moncloa: mientras Rabat ni siquiera llora a sus muertos, el gobierno español lo proclama un socio “absolutamente fiable”.
España y sus autoridades tampoco se han extendido mucho en remarcar la dimensión humana de la tragedia. El número de víctimas mortales sigue aumentando y está rodeado de una gran confusión, porque los cuerpos aparecen a ambos lados de la frontera y no existe todavía un recuento conjunto entre Madrid y Rabat. Los últimos datos oficiales hablaban inicialmente de 67 muertos, pero otras fuentes ya elevan el balance hasta cerca de 90. En Ceuta, fuentes policiales y de los servicios de emergencia temen que haya más de un centenar de víctimas entre las personas ahogadas, las que murieron aplastadas en el espigón y las que todavía no han sido localizadas. Según El País, en la ciudad autónoma preparan una instalación con capacidad para conservar 200 cuerpos, y fuentes policiales aseguran que “hay más muertos en el mar”. El balance definitivo podría ser, por lo tanto, mucho más escalofriante. A pesar de ello, el gobierno español ha puesto más énfasis en proclamar que había revertido la crisis en 48 horas que en aclarar el número de muertos, identificar a las víctimas y exigir responsabilidades por la peor tragedia registrada en la frontera española.