La investigación del caso Plus Ultra, que salpica al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por posibles delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de influencias, está poniendo el foco especialmente en su secretaria personal, María Gertrudis Alcázar, por el papel que habría tenido en la operativa diaria de la trama que presuntamente gestionó el polémico rescate público de la aerolínea. Más allá de un simple perfil administrativo, los autos judiciales la describen como una figura relevante dentro del entramado de sociedades, contratos y pagos articulado desde la misma oficina de Zapatero. Este hecho eleva su importancia en la causa más allá de lo que, en otras circunstancias, podría considerarse una tarea meramente burocrática. Así, el papel de Gertrudis Alcázar, la fiel y leal secretaria personal y persona de máxima confianza de Zapatero, que lleva más de un cuarto de siglo a su lado y le ha acompañado a lo largo de toda su trayectoria política, se perfila como una pieza clave en la investigación contra su jefe. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional consideran que la secretaria del expresidente español —y especialmente su teléfono móvil— podría contener información decisiva sobre los movimientos presuntamente irregulares que se atribuyen al exdirigente socialista.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama detalla a lo largo de 85 folios lo que considera "indicios racionales de criminalidad" contra el exlíder del PSOE y el resto de investigados, que acredita por "múltiples evidencias". El magistrado divide la estructura de la presunta organización criminal en tres niveles. En la cúspide sitúa a Zapatero como "núcleo decisor y estratégico de la red", es decir, la figura política que habría dado el impulso y el apoyo necesario para que se materializara el rescate público de 53 millones de euros a Plus Ultra, en un contexto de presunta captación irregular de fondos europeos y de uso de la figura de "expresidente" como aval ante empresarios que buscaban financiación.
En un segundo nivel aparecen personas consideradas de confianza directa del expresidente, como Julio Martínez Martínez, Julito, descrito como su amigo y colaborador, propietario de la empresa Análisis Relevante SL, a través de la cual facturaba a Plus Ultra y que abonaría los honorarios a Zapatero como consultor, y a la empresa de las hijas del expresidente por trabajos de marketing. Este nivel de la trama actuaría como capa de intermediación y enlace con los clientes empresariales (entre ellos Plus Ultra y sus socios), gestionando contratos, emisiones de facturas, sociedades instrumentales y el flujo de dinero entre la red y la compañía. En este nivel también figura Aarón Fajardo, considerado el hombre de Zapatero en Venezuela. El juez los describe como las figuras que conectan la estrategia política con la operativa financiera: no se sitúan en el vértice de la presunta estructura, pero sí en posiciones clave para ejecutar su funcionamiento.
Es en el tercer nivel, el de la operativa concreta y cotidiana, donde aparece la secretaria de Zapatero. Los informes de la Guardia Civil y los autos judiciales la sitúan, junto con otros colaboradores —como el empresario Cristóbal Cano, mano derecha de Julio Martínez Martínez—, como una de las personas encargadas de la gestión diaria de la presunta red. Gertru, como la conoce afectuosamente Zapatero, es señalada como una pieza "esencial" en la presunta trama corrupta. Según consta en el auto del juez Calama, la secretaria "ejerce un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias". Según los investigadores, habría contribuido a llevar a la práctica las decisiones adoptadas en los niveles superiores de la estructura. Esta capa es la que habría materializado las órdenes: enviaba correos, organizaba documentación, registraba pagos y coordinaba contratos y sociedades —incluidas estructuras offshore como la de Dubái— que presuntamente servían para canalizar el dinero recibido de los clientes. Precisamente por este papel en la operativa cotidiana de la red, el auto otorga una relevancia especial a la secretaria. El juez la sitúa más allá de un perfil administrativo aparentemente neutro y la describe como un eslabón funcional dentro de la presunta organización criminal: el nexo que habría ayudado a conectar las decisiones políticas con los flujos de dinero y los contratos ahora analizados por un posible delito de blanqueo de capitales.
La UDEF está analizando todo el material requisado y copiado durante el registro en el despacho de Rodríguez Zapatero, donde hizo volcados de los discos duros de los ordenadores del expresidente y su secretaria, clonó los buzones de correo electrónico, se llevó agendas, libretas, documentos y anotaciones manuscritas, además de intervenir el teléfono móvil de Gertrudis Alcázar, donde esperan poder encontrar información muy relevante para el caso. La policía, incluso, le practicó un registro corporal para asegurarse de que no destruía ninguna prueba. El análisis de los correos intervenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señala que la secretaria, en coordinación con Cristóbal Cano y “siguiendo instrucciones directas” del expresidente español, habría participado activamente en la generación de facturación ficticia. Según la investigación, esta operativa incluía el acuerdo sobre conceptos, importes y periodos temporales de facturas que, presuntamente, no respondían a ningún servicio real prestado.