Portazo confirmado. El Tribunal Constitucional vuelve a hacer descarrilar los intentos del PP y de los magistrados conservadores de dilatar las deliberaciones sobre la ley de amnistía. Hace un mes, los populares presentaron un escrito solicitando que se suspenda el debate de su recurso de inconstitucionalidad hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales que tiene sobre la mesa y tres magistrados conservadores solicitaron que el TC eleve una cuestión prejudicial al TJUE. En un primer momento, el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, descartó las dos peticiones y ahora, tal como estaba previsto, el pleno que ha empezado a debatir la ley de amnistía ha cerrado formalmente la puerta a ello. Aduce que ahora no es el momento procesal oportuno. “El control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional es independiente de las decisiones de otros órganos jurisdiccionales”, justificó el TC hace unas semanas.

🔎 Pistoletazo de salida a las deliberaciones del Constitucional sobre la amnistía para avalarla antes del verano

 

¿Qué reclamaban? Por una parte, los magistrados César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel pidieron al pleno que el TC eleve una cuestión prejudicial sobre la norma del olvido penal al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o paralice la tramitación y resolución del recurso de inconstitucionalidad del PP hasta que el TJUE resuelva las consultas que han planteado otros tribunales. Esgrimían que la amnistía puede contravenir el derecho de la Unión Europea y que se han presentado cuestiones prejudiciales con un contenido muy parecido al recurso del PP. Por su parte, los populares también pidió que se suspenda el debate de su recurso de inconstitucionalidad hasta que el TJUE se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales que tiene sobre la mesa.

Las cuestiones prejudiciales más relevantes que se han registrado son las que han impulsado el Tribunal de Cuentas por el 1-O y la promoción de Catalunya al exterior (habrá una vista el 15 de julio y la Comisión Europea ha descartado que la amnistía afecte a los intereses financieros de la UE), el TSJC en el caso de Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga y la Audiencia Nacional en el caso de los CDR de la operación Judas.

Para descartar ambas peticiones, el auto del Constitucional señala que el momento oportuno para discutirlo es el pleno monográfico de la semana de Sant Joan. “Será [allí] cuando, en su caso, se evalúe este concreto extremo y se adopte la decisión que se estime pertinente. Ese momento es el procedente, especialmente en un asunto cuya tramitación procesal ha concluido y que está pendiente solo del dictado de la sentencia”, señala sobre la hipotética cuestión prejudicial. “Ha de ser en la deliberación del pleno relativa al fondo del proceso cuando [se] valore la posible concurrencia de una razón jurídica que determine, en su caso, la necesidad de posponer el dictado de sentencia”, alega sobre la petición de paralizar la deliberación. Los tres magistrados conservadores han anunciado que presentarán votos particulares contra esta decisión.

“Es imprescindible esperar a conocer la decisión del TJUE”

Para justificar su demanda, el PP recordó que hay al menos cuatro cuestiones prejudiciales formuladas al TJUE por entender que la amnistía “vulnera el Derecho de la Unión Europea en relación con principios fundamentales como la igualdad y no discriminación, la separación de poderes y la independencia judicial”. “Es imprescindible que el Tribunal Constitucional espere a conocer la decisión del TJUE antes de pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad contra esta ley inmoral de Sánchez que, además de romper la igualdad ante la ley de los españoles, es contraria a las leyes europeas al pretender amnistiar delitos de malversación y corrupción solo a cambio de los votos de los amnistiados”, remachaban las mismas voces.