La ponencia organizativa que Junts presenta al congreso del próximo mes de julio ha revisado el papel de la presidencia del partido, que desde el sábado ocupa Laura Borràs en sustitución de Carles Puigdemont, y otorga a este cargo, que hasta ahora no tenía funciones ejecutivas, la competencia de "dirigir el partido, conjuntamente" con la secretaría general, que encabeza Jordi Turull. Asimismo, la ponencia incluye miembros natos de la ejecutiva, que asistirán con voz y sin voto, entre los cuales los integrantes del consejo de gobierno del Consell per la República que sean afiliados al partido, lo cual incluye a Carles Puigdemont, como presidente de este órgano.

Junts celebrará el 15 y 16 de julio en la Farga de l'Hospitalet la segunda parte de su congreso, donde se tendrán que aprobar la ponencia política, sectorial y organizativa. Esta última, que ha sido coordinada por la consellera Violant Cervera, con Quim Jubert como secretario y la participación como vocales de David Torrents, Aurora Madaula, Gemma Geis y Jaume Alonso Cuevillas, ha tenido que adaptar la estructura del partido al reparto de papeles que acordaron Borràs y Turull cuando acordaron la candidatura conjunta para dirigir el partido que se aprobó este sábado.

Después de que en la etapa Puigdemont, el presidente del partido no tenía funciones ejecutivas, la ponencia organizativa reserva a Borràs la función de dirigir el partido conjuntamente con el secretario general y la responsabilidad de "supervisar" la actuación del partido en todos los ámbitos. Aparte de eso, el secretario general tendrá que acordar con la presidenta buena parte de las funciones que tiene reservadas, entre las cuales la asignación de responsabilidades de los miembros de la ejecutiva o el nombramiento de un adjunto al secretario general que "asumirá la política municipal y dará apoyo al secretario general en sus competencias".

Miembros natos

Por otro lado, la ponencia de organización sitúa como miembros natos con voz y sin voto de la ejecutiva a todos los miembros del Govern de la Generalitat, a los miembros del consejo de gobierno del Consell per la República que sean afiliados, a los presidentes de las veguerías y de la Federación de Barcelona y a la presidencia del consejo nacional.

Hasta ahora, el reglamento de Junts contemplaba que todos estos cargos podían asistir a las reuniones de la ejecutiva, pero tenían que ser invitados por el secretario general, con el objetivo de garantizar la mejor coordinación política. No eran miembros natos.

Este cambio reserva permanentemente un lugar a Carles Puigdemont en las reuniones de la ejecutiva, lo cual no quiere decir que lo tenga que ocuparlo. De hecho, durante su etapa como presidente del partido optó por mantener distancias con el día a día y no acostumbraba a asistir a las reuniones. Este cambio también permitirá al vicepresidente del Consell per la República, Toni Comín, i al conseller Lluís Puig asistir a las reuniones de la dirección de Junts.

También da entrada a la ejecutiva al vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, que había quedado fuera de la dirección, pero no al presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, que ha sido apartado en la nueva ejecutiva. No obstante, el actual reglamento mantiene que el presidente y el secretario general pueden invitar a asistir a la reunión a los presidentes de las diputaciones o a las presidencias de los grupos parlamentarios, entre otros.

Régimen disciplinario y moción de censura

El reglamento, recomienda una limitación de los mandatos a ocho años, e incluye la posibilidad de presentar mociones de censura a todos los órganos de dirección del partido.

La ponencia incluye un régimen disciplinario en que se detallan toda una serie de supuestos del qué se considera como faltas muy graves, que se sanciona con suspensión o expulsión del partido. Entre estas figura "la condena con sentencia firme por algún delito relacionado con la corrupción u otros delitos que atenten contra los principios fundacionales del partido", pero añade que "no se entenderá en casos lawfare, que se tendrá que valorar en cada caso concreto, por parte de la Comisión de Garantías." Este punto podría afectar a Borràs, pendiente de una causa por fraccionamiento de contratos, que atribuye a la guerra sucia contra el independentismo.