Novedades en el caso de Mònica Oltra, el día siguiente de su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera a raíz de su investigación por haber encubierto, presuntamente, los abusos sexuales de una menor tutelada de su exmarido. Según informa El Periódico, agentes de la Policía Judicial registraron durante ocho horas la conselleria de Igualdad, de la cual es titular Oltra, durante ocho horas justo un día antes que dimitiera de sus cargos. Concretamente, la orden del registro habría sido dictada por el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, lo mismo que abrió diligencias va poco más de un año por investigar si los funcionarios si la conselleria habrían desatendido y prevaricado al ignorar las denuncias de la menor que fue abusada por un educador, la expareja de Oltra.
En este registro que se alargó durante ocho horas, los agentes escanearon el expediente completo sobre el as de la chica, abierto en agosto del 2017, que la Audiencia de Valencia ha considerado "parajudicial" y creado para "desacreditar a la menor". Se trata, en definitiva, de un texto controvertido, ya que no se sabe quién pidió que se abriera, pero los funcionarios del departamento han asegurado que en ningún caso fue Oltra quien lo pidió. Eso se contradice con lo que declaró el ahora ya exconsellera y líder de Compromís, ya que ante el alta presión por este caso aseguró que sí que había sido ella quien lo había pedido. En unas declaraciones del 7 de marzo, dijo: "Este informe, el expediente, lo encargué yo, dejen a esta gente en paz. Lo encargué yo el expediente informativo porque necesitaba saber que había pasado, se lo dije a la Directora General y ella me dijo: Descubran que ha pasado".
Informe polémico
Estas palabras generaron una gran cantidad de titulares y ella misma las quiso matizar en un escrito de defensa delante el TSJ del País Valencià, en la que justificó que su intervención se debió a "unas declaraciones claramente condicionadas por la sensación de injusticia e importancia que sentía al pensar que la imputación no era más que la instrumentalización penal que comportaba poner en entredicho la profesionalidad de todos los trabajadores que habían intervenido y también otros profesionales". Con todo, este expediente ya se encuentran en disposición de la policía judicial.
No es lo único que se han llevado de la conselleria. En el registro también se confiscaron las dos instrucciones originales, una que se remonta en el 2004 y el otro de 2012, en las que se establecía cuál era el protocolo de actuación en caso de conocer un abuso a un menor, aportados por el Partido Popular. El primero a denunciar la situación fue José Luis Roberto líder de España 2000, un partido de ultraderecha, que además ejerce de abogado de la menor.