Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Las Palmas y de Madrid han entrado en la sede de la consejería de Sanidad del gobierno de Canarias este jueves sobre las 8:30 horas para recabar información sobre el caso mascarillas. En concreto, los agentes buscan correos, documentos y archivos digitales relacionados con el exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, y la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, dentro de las diligencias del caso.
Domínguez acudió en calidad de investigado a la causa donde se investigan los 4 millones de euros pagados durante la pandemia a la empresa RR7 United por un millón de mascarillas, que no se recibieron nunca. De hecho, fueron destruidas por agentes de Aduanas en el Puerto de La Luz después de llegar un cargamento procedente de Etiopía y constatarse que estaban falsificadas. Conrado está investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Conrado, a la Fiscalía Europea
Conrado Domínguez dimitió en noviembre de 2022, después de dos años en el cargo durante el gobierno del socialista Ángel Víctor Torres. La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas pidió el registro de los correos el 2022 en el momento que presentó la querella por el caso mascarillas. Después de una instrucción inicial en el Enjuiciado número 7 de Las Palmas, la causa pasó a manos de la Fiscalía Europea al considerar que se podían haber usado fondos comunitarios. Ahora, el tribunal europeo investiga al exdirector del SCS, junto con otros, como el administrador de la empresa RR7, Rayco González, acusado de estafa agraviada y blanqueo de capitales, así como Ana María Pérez, también acusada de prevaricación.
El exdirector del SCS se acogió este lunes a su derecho a no declarar ante la fiscalía europea alegando que no tenía acceso a toda la información que hay a la causa. El pasado mes de marzo, la Fiscalía Europea levantó el secreto de las actuaciones a través de un decreto donde señalaba que las fiscales responsables del caso pidieron ayuda a las delegaciones de Italia, Bélgica y el Reino Unido en busca de nuevas conexiones del caso para esclarecer las condiciones de la operación.
Caso mascarillas en Canarias
Durante la investigación del caso, la UDEF informó sobre una posible "implicación" de otras personas, entre ellas la mujer de Rayco González y la empresa Yilhal Importe and Export, representada por Ishan Mahmoud Mohammed Al Sabbagh, intermediario establecido en Londres y quien contactó con la empresa canaria para conseguir las mascarillas. Precisamente a raíz de estas investigaciones, en marzo de 2023, varias fiscales europeas solicitaron ampliar la autorización de los agentes de la UDEF para poder analizar las conversaciones telefónicas entre Rayco González, su mujer y Ishan Mahmoud Mohammed Al Sabbagh, y del intermediario Samuel Machín. Además, también pidieron que se pudieran analizar archivos de imágenes, audio, video o documentos contenidos en los teléfonos analizados y la UDEF libró a la Fiscalía Europea un disco duro con una carpeta denominada 'teléfono Rayco'.
En paralelo, la Fiscalía Europea también tiene sobre la mesa cuatro contratos del Servicio Canario de Salud por importe total de 12,3 millones de euros en el marco del caso Koldo. Hay que recordar que la Audiencia Nacional indaga en una serie de contratos y que la Fiscalía Anticorrupción dio traslado de cuatro de ellos relativos a Canarias al órgano comunitario al entender que se abonaron con fondos europeos y que, por lo tanto, son competencia del órgano comunitario.