Dos agentes de la policía se han personado esta tarde en la redacción del diario Público en el número 5 del Paseo de la Castellana de Madrid para pedir las grabaciones filtradas de las conversaciones entre el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, que pretendían desprestigiar e implicar a los partidos políticos y entidades independentistas en casos de corrupción.

Pero se han tenido que ir con las manos vacías porque, aunque la intención de los agentes era probar suerte a ver si podían llevarse las grabaciones de buenas a primeras, la dirección del medio les ha indicado que si no les presentaban una orden judicial, no harían entrega de nada.

La Comisaría General de la Policía Judicial investiga desde el 21 de junio a petición del mismo ministro en funciones -por sentirse "víctima de una conspiración" en plena campaña electoral- cómo se grabaron estas conversaciones entre el 2 y el 16 de octubre de 2014 y cómo y por qué se han filtrado en la recta final de la campaña electoral para las elecciones del 26-J. 

Ahora bien. Los jueces y la fiscalía sólo pueden investigar de oficio en caso de que haya una denuncia de un particular o tengan sospechas de que las grabaciones son ilegales o de que se hayan hecho con recursos policiales con fines particulares. Y no hay ni una sola denuncia.

En Catalunya, la Fiscalía -que depende de la Fiscalía General del Estado- ya dijo que no tiene previsto hacer ninguna actuación para que los hechos tuvieron lugar en Madrid. Por eso, aunque De Alfonso es el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, si se abriera un proceso judicial, como que el ministro de Interior es aforado, se haría todo en la capital española.

El medio ha lamentado que Jorge Fernández centre su respuesta sobre el escándalo poniendo énfasis en que sus palabras quedaran grabadas y no en el contenido que queda revelado en la conversación, así como que los acuse de publicar grabaciones "sesgadas" y "descontextualizadas" y de que se considere una "víctima de este atropello". También recuerdan que el ministro en funciones se niegue a atribuir a la trama el nombre de "conspiración".