Reclamo de respeto. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este martes una declaración institucional en la que muestra su enfado por las declaraciones de responsables del Gobierno de Pedro Sánchez, que han puesto en cuestión las distintas investigaciones contra el PSOE y exdirigentes, como la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que han estallado de forma consecutiva. La entrada de la Guardia Civil en la sede socialista, la semana pasada, para pedir información sobre una supuesta trama —liderada por el exsecretario general de organización del PSOE, Santos Cerdán, y la exmilitante Leire Díez—, para torpedear investigaciones contra el líder socialista encendió todas las alarmas.
“El Consejo General del Poder Judicial muestra su preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales”, afirma el comunicado del CGPJ, presidido por Isabel Perelló. Añade: “Contribuyen con ello a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho. La defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de derecho”.
Reclamo de respeto
En el comunicado, el gobierno de los jueces sostiene: “Un entorno de esta naturaleza debilita los fundamentos de una sociedad democrática avanzada y cuestiona los fundamentos del Estado de derecho al instrumentalizarse la actividad judicial”.
Finalmente, el CGPJ recuerda “una vez más la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial, respeto que no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de derecho y de las libertades del ciudadano”.
¿Persecución o corrupción?
El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue uno de los más críticos y aseguró que “se usan medios no democráticos” para acosar al presidente Pedro Sánchez. Precisamente, esta semana la Audiencia de Badajoz juzga al hermano del presidente español, David Sánchez, acusado de tráfico de influencias y prevaricación por obtener un trabajo en la Diputación de Badajoz el 2017. La causa contra su mujer, Begoña Gómez, también está a punto de enviarse a juicio, que, si nada cambia, será un tribunal popular.
Hay socialistas que han calificado todos estos casos de persecución o lawfare como denunciaban hace tiempo los independentistas catalanes al defender el 1-O. Hay, sin embargo, quien les replica que “no es lawfare”, sino casos de corrupción, como el caso Koldo o el de Cerdán en el supuesto cobro ilegal de comisiones por la venta de mascarillas y a constructoras, respectivamente.
Por el contrario, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, volvió a poner la teoría imperante entre sus compañeros de partido respecto a las investigaciones judiciales sobre corrupción que salpican al PSOE y defendió la labor de la justicia y la policía y otras instituciones del Estado.