Hay palabras que, a fuerza de repetirse, pierden su significado. "Lawfare" es una de ellas: acuñada para describir un fenómeno preciso y peligroso, se ha convertido en escudo retórico que se interpone cada vez que un juez se aproxima a un nombre incómodo. Hay lawfare cuando concurren causas armadas sobre indicios endebles, jueces dudosamente imparciales, testimonios premiados, procedimientos torcidos y una opinión pública preformada por un dispositivo mediático afín. Sin ese conjunto no hay lawfare; hay, simplemente, una justicia que avanza y, por avanzar, incomoda.
La pregunta legítima es si los procedimientos que hoy afectan al PSOE —los casos Ábalos y Koldo, la pieza separada de Plus Ultra que apunta al expresidente Rodríguez Zapatero, la trama de Santos Cerdán y Leire Díez, las llamadas "cloacas"— responden a aquel patrón. Basta leer tres documentos: el informe de la UDEF de 22 de abril de 2026 en Plus Ultra; el acta de entrada y registro practicada el 19 de mayo de 2026 en la oficina del expresidente Zapatero en Ferraz n.º 35; y, sobre todo, el auto del juez Pedraz que requiere documentación al propio Partido Socialista en las diligencias previas 150/2025. Quien los lea advertirá que la categoría no encaja, y comprenderá por qué se insiste en colocarla.
La primera dificultad es estructural. La instrumentalización judicial exige un proceso concentrado en un órgano alineado con el adversario político —rasgo visible en el Lava Jato brasileño, cuya víctima fue el presidente Lula, y ausente aquí—. Las causas se reparten entre varios juzgados centrales de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo conoce de los aforados, los juzgados ordinarios de Madrid y Badajoz instruyen lo suyo, la Fiscalía Anticorrupción interviene con varios fiscales y los informes técnicos los firman dos cuerpos distintos: la UDEF de la Policía Nacional y la UCO de la Guardia Civil.
Al menos diez magistrados conocen o han conocido recientemente procedimientos que afectan al partido o al entorno de Sánchez. Santiago Pedraz —caso Leire, caso Hidrocarburos—, Ismael Moreno —caso Koldo, Ábalos/Cerdán y financiación delictiva del PSOE— y José Luis Calama —Plus Ultra contra Zapatero— instruyen desde tres juzgados centrales distintos. Leopoldo Puente, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha conocido la causa contra el exministro Ábalos y su exasesor Koldo García, ya juzgados. Juan Carlos Peinado, desde Madrid, ha propuesto que un jurado popular enjuicie a Begoña Gómez y a su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, por cuatro delitos; por ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado esencialmente esta investigación. Arturo Zamarriego instruye, en otro juzgado madrileño, la pieza de la llamada “fontanera”. Beatriz Biedma, desde el Juzgado nº 3 de Badajoz, instruyó el caso del hermano del presidente, cuyo juicio comenzó el 28 de mayo en la Audiencia Provincial pacense. Rebeca Esther Alonso investiga desde Pamplona el caso Sendaviva, que salpica al Gobierno foral de María Chivite y al ex portavoz parlamentario Ramón Alzórriz. Y un Juzgado de Teruel indaga, en Forestalia, a un exalto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica. Madrid, Badajoz, Pamplona, Teruel, la geografía impide hablar de concentración porque para atribuir a todos una agenda común se exige una credulidad inadmisible. La pluralidad de operadores prueba que no hay hilo invisible tirando de los autos judiciales.
El segundo rasgo, más importante, atañe a la prueba. El lawfare se reconoce por la calidad mediocre del material acusatorio: coacusados y testigos premiados, indicios convertidos en certezas por la vía del relato. Aquí ocurre lo contrario. En Plus Ultra el material nuclear ni siquiera procede de la investigación española, sino que lo aporta el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que extrajo el contenido del teléfono del principal accionista de la aerolínea y lo puso a disposición de las autoridades españolas por los cauces ordinarios de cooperación. La UDEF reconstruye, con fecha y hora, cómo se buscó la intermediación de Zapatero y del entonces ministro de Transportes, cómo la red contactaba con altos cargos y cómo se canalizaron los pagos mediante una estructura que los propios implicados denominaron "Finance Boutique". La aerolínea recibió en marzo de 2021 cincuenta y tres millones de euros del rescate público y la red conoció el resultado del expediente antes de que se reuniera el órgano que debía aprobarlo. No es la conclusión de un magistrado, son los propios mensajes.
El relato del lawfare no nace espontáneamente, es un producto fabricado, distribuido por canales identificables y amplificado por una constelación mediática cuya supervivencia depende de la continuidad política a la que sirve
El caso de las cloacas del PSOE, encomendadas a Santos Cerdán y Leire Díez, es aún más elocuente. Los elementos indiciarios los componen conversaciones en aplicaciones cifradas que eligieron para no ser escuchados, anotaciones manuscritas, actas de funcionarios que recibieron las ofertas y grabaciones de terceros presentes en las reuniones. Cuando el auto afirma que se necesitaban trescientos mil euros para solucionar un problema de un fiscal, cincuenta mil a una testigo para que cambiara su declaración o cuatro mil euros mensuales con cargo a fondos del partido a quien coordinaba la operación, no glosa una sospecha, sino que cita documentos. No se discute desde la presunción de inocencia —intacta—, sino desde la trazabilidad de las palabras, los mensajes y las cuentas.
El acta del registro de Ferraz 35 cierra el círculo. Una entrada y registro en el despacho privado de un expresidente no se autoriza por inercia, dado que requiere auto motivado con indicios bastantes y control judicial estricto. Que se haya practicado sin incidentes y se hayan intervenido las agendas de los años de los hechos, la documentación contractual de las sociedades mencionadas y joyas de incalculable valor dice más de la solidez indiciaria que cualquier alegato político.
Aquí aparece la paradoja que el debate público lleva meses sorteando. El auto de 26 de mayo de 2026 describe una actividad presuntamente delictiva cuyo objeto era desestabilizar de forma sistemática los procedimientos judiciales y las actuaciones policiales que afectaban al partido, al Gobierno o al entorno de Sánchez. Es decir, al grupo investigado no se le imputa haber sido víctima de un lawfare, sino haberlo practicado. La diferencia no es de matiz, sino de signo. Las ofertas económicas a fiscales y mandos de la Guardia Civil, los intentos de cambiar testimonios, la obtención de información clasificada sobre la estructura interna de la UCO, las denuncias sucesivas contra los magistrados que instruían causas sensibles —la resolución identifica con nombre y apellido a algunos blancos—, la operación de desgaste mediático bautizada "UCO patriótica" y el uso de un medio creado para difundir los materiales obtenidos son la definición misma de la guerra jurídica contra el adversario. Solo que el adversario son los propios investigadores, sin perjuicio de todos los objetivos de esta cloaca que hemos sido en estos más de siete años.
Importa, además, la moral cívica: los recursos económicos y logísticos —según el instructor— procedían del propio partido. Cantidades, circuito opaco, facturas mendaces, dos sociedades para romper la trazabilidad, notas de encargo ficticias firmadas en la gerencia federal, viajes y reuniones en Ferraz… apuntan a una estructura orgánica al servicio de una finalidad ajena a la representación democrática. Quien tome en serio que los partidos son instituciones de relevancia constitucional difícilmente sostendrá que esto es persecución. Es lo contrario: el sistema haciendo lo que un Estado de Derecho debe hacer cuando una organización política deja de comportarse como tal.
Llamar lawfare a eso no es exagerar, es invertir el sentido de las palabras. Es construir una cortina de humo, y detrás de toda cortina hay alguien que sabe lo que trata de tapar, en el mundo del derecho penal se llama encubrimiento.
Conviene insistir en lo que la propaganda del lawfare elude, dado que los investigados disponen de las mismas garantías que cualquier ciudadano: defensa letrada de libre designación, acceso al sumario, acceso a los recursos, intervención del Ministerio Fiscal, secreto de actuaciones solo cuando es imprescindible, doble instancia y, en último extremo, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El auto cita los criterios consolidados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sobre pertinencia, necesidad y proporcionalidad de las diligencias, y se apoya en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es un tribunal de excepción ni un procedimiento extraordinario, sino la justicia ordinaria —lenta a veces, descuidada otras, pero plural, contradictoria y revisable— funcionando como debe.
Si la tesis del lawfare es insostenible frente a los documentos, queda preguntar por qué se reivindica. La respuesta está en los propios autos, dado que una línea de actuación de la trama era la difusión organizada de un relato mediante un medio creado y financiado a tal efecto. El relato del lawfare no nace espontáneamente, es un producto fabricado, distribuido por canales identificables y amplificado por una constelación mediática cuya supervivencia depende de la continuidad política a la que sirve. Hay periódicos, periodistas, opinadores, programas y plataformas cuya viabilidad no resiste un cambio de ciclo, y dirigentes cuyas carreras se desvanecen cuando su partido deja el poder.
Para unos y otros el lawfare opera como coartada preventiva. Si todo lo que incomoda es persecución, no hay que explicar por qué se pagaron cuatro mil euros mensuales a quien intentaba comprar a un fiscal, por qué una "boutique financiera" gestionaba fondos públicos ni por qué se contrató con dos sociedades para "romper la trazabilidad" de unos pagos. La palabra reemplaza al hecho y, mientras dura, el hecho se diluye.
La defensa del Estado de Derecho no consiste en proteger al poder de los jueces, sino en aceptar que los jueces trabajen también —y, sobre todo— cuando ese trabajo molesta al poder. Lo que se ve en España no es una operación contra Pedro Sánchez ni contra el Partido Socialista, sino una investigación técnicamente sólida, judicialmente plural y procesalmente garantista sobre conductas muy graves como la utilización de una organización política para dar cobertura a una actividad penalmente relevante. Llamar lawfare a eso no es exagerar, es invertir el sentido de las palabras. Es construir una cortina de humo, y detrás de toda cortina hay alguien que sabe lo que trata de tapar, en el mundo del derecho penal se llama encubrimiento.
A los ciudadanos les corresponde leer. Las resoluciones están publicadas, el lenguaje es accesible, los hechos están fechados. La conclusión, que ahorra mucha retórica, es evidente: claro que no es lawfare.