Nuevo quebradero de cabeza para Pedro Sánchez. El último pleno del curso político en el Congreso de los Diputados, que se celebrará este martes, examinará y votará tres reales decretos ley que aprobó el Gobierno hace semanas y que ahora necesitan el visto bueno de la Cámara Baja. Uno de ellos es el que refuerza el sistema eléctrico después del apagón general del pasado 28 de abril. Y podría descarrilar. 24 horas antes del debate, Podemos ha confirmado que votará en contra. Por lo tanto, la negativa de los cuatro diputados de la formación morada obligará el Gobierno a buscar la abstención del Partido Popular si quiere convalidarlo, dado que los votos de las formaciones que permitieron la investidura serán insuficientes. “Vuelve a ser resultado de una forma de legislar habitual, por desgracia, en este gobierno que se basa en escuchar y atender lo que las grandes energéticas susurran al oído en el Gobierno, no defender el interés general y evitar que situaciones así puedan volver a darse en el futuro”, ha justificado en rueda de prensa Pablo Fernández, el portavoz de Podemos. “No toca ni un pelo al oligopolio energético”, ha lamentado.
Cuando el Gobierno dio luz verde al decreto, el 24 de junio, la ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, defendió que servía para conseguir un sistema “más robusto y solvente” con beneficios como facturas más estables y previsibles para los ciudadanos. Posteriormente, el sector eléctrico mostró su apoyo al texto: varias asociaciones empresariales enviaron una carta a todos los grupos parlamentarios para pedir su apoyo para la convalidación y advirtieron de las “graves consecuencias” que podría tener si el texto queda en papel mojado. Entre otros riesgos, citaron la “exposición a futuras crisis” como el apagón del 28 de abril, la “pérdida de competitividad internacional”, la “paralización de inversiones que reducen la dependencia energética” y la “vulnerabilidad ante la incertidumbre geopolítica”. De momento, el PP no ha aclarado el sentido de su voto.
Desde Podemos, alegan que el decreto “no sirve para prevenir ningún apagón en el futuro y no vale para impedir que lo que pasó pueda volver a repetirse si se vuelven a dar comportamientos similares por parte de las empresas energéticas”. “No fija obligaciones en las empresas del oligopolio para que implementen sistemas de compensación que eviten caídas de tensión como la que produjo el apagón y tampoco establece multas para sancionar los comportamientos temerarios o codiciosos de las empresas del oligopolio”, ha lamentado Pablo Fernández. “El Gobierno sigue defendiendo los intereses del oligopolio energético y está tratando de engañar a la gente explicando que hará alguna cosa contra los apagones cuándo la realidad es que no hará nada de nada, solo busca el titular”, ha apostillado. Además, ha denunciado que el decreto incluye una subvención en las macrogranjas para que “se sigan lucrando a costa de envenenar la tierra y gastar un agua que no tenemos”.