El PNV no presentará enmiendas a los presupuestos de Mariano Rajoy, según ha decidido la dirección del partido, reunida este jueves en Euskadi. La decisión llega el día antes de que expirara el plazo máximo para su registro este viernes, pues la próxima semana es el debate en el Congreso de las enmiendas a la totalidad, el 25 y 26 de abril. El hecho implica de facto dar oxígeno al Gobierno, que previsiblemente podrá superar esa primera votación, si los vascos votan en contra de las enmiendas de la oposición –pese a la aplicación del 155 en Catalunya, que era condición del partido para abrirse a aprobar los PGE de 2018.

"El Euzkadi Buru Batzar, reunido esta tarde en Sabin Etxea, ha decidido conceder una oportunidad a la apertura de un nuevo tiempo de diálogo político en el Estado español y en Catalunya, así como a la restauración de un Govern legítimo" justifica el comunicado emitido por el partido. Acto seguido, añade que "se equivoca quien vea o quiera ver en esta decisión un cheque en blanco que el EBB extiende al Gobierno español y al Partido Popular para superar el trámite presupuestario" dice, tras recordar que mantienen el rechazo a la intervención de la Generalitat.

La cuestión es que varios argumentos tácitos o implícitos pueden empujar al PNV a rectificar, ahora que algunas voces insinúan su prisa y algunos contactos con diputados del PDeCAT para sondear la situación catalana. En primer lugar, el hecho de que en Catalunya ya se haya intentado una investidura fallida, la de Jordi Turull, y se vuelva nuevamente a la casilla inicial con Carles Puigdemont como plan D. En segundo término, el hecho de que la prórroga de las cuentas estatales impida ejecutar las obras vascas. Tercero, la crítica constante de Ciudadanos al cuponazo y el "chantaje" de los nacionalistas.

De esa manera, Rajoy ganaría tiempo hasta la votación definitiva de los PGE el próximo 26 de mayo, para la cual ya cuenta con los votos de Ciudadanos, Coalición Canaria, y Nueva Canarias. Ahora bien, a pesar de superar el trámite de enmiendas la semana próxima, la Moncloa necesitaría en mayo un nuevo giro del PNV para la última votación. Eso pasa porque no se prevé que haya gobierno en Catalunya antes de esa fecha. Aquí los tiempos apremian para el PP, porque se disolverá el Parlament el 22 de mayo, cuatro días antes de que se voten las cuentas definitivamente en el Congreso.

El hecho es que en el ministerio de Hacienda insinúan la voluntad de los nacionalistas vascos de aprobar los PGE, a pesar de las promesas públicas sobre la intervención de la Generalitat. Pasa porque de estas dependen determinadas obras plurianuales y muchas infraestructuras, en continuidad con las cuentas de 2017. Eso hace que el Ejecutivo mantenga el optimismo, a pesar del callejón sin salida en que se encuentra el partido de Aitor Esteban e Íñigo Urkullu, después de alentar a su electorado a través de otro comunicado, donde se afirmaba que no esperar a que se acabara el 155 era una manera de "legitimación"

Así y todo, la relación entre Rajoy y Urkullu no pasa por el mejor momento, después de la pugna del mes anterior. Entonces, el gobierno central presionó al lehendakari, bajo la posibilidad de impugnar la ley de presupuestos vascos, que prevé el incremento salarial de un 1,5% a los funcionarios. El portavoz, Josu Erkoreka, lo tildó "de amenaza", pero fuentes de la Moncloa negaban que eso tuviera que ser inmediato. Alegaban que el caso se trasladaría a la Comisión Bilateral, órgano para resolver estas "discrepancias", antes de recurrir al Tribunal Constitucional.