El pleno ha aprobado la destitución del director de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, con el voto a favor de todos los diputados a excepción de los del Partido Popular. Es decir, 121 votos a favor y 11 en contra.  

La ronda de votación ha culminado un tenso debate donde sólo el Partido Popular ha defendido la actuación de De Alfonso y el ministro del Interior, Jorge Fernández.

Unanimidad, excepto el PP

El portavoz parlamentario de C's, Carlos Carrizosa, ha sido el primero en exponer su punto de vista. Carrizosa ha confirmado que votarían a favor de la revocación. "De Alfonso ha incumplido el deber de reserva y confidencialidad del cargo. También ha puesto en entredicho la objetividad del cargo, perseguía a unos políticos no por corruptos, sino para ayudar a los objetivos políticos del ministro del Interior", ha expuesto.

El portavoz de C's también ha tildado de "chapuza" la actitud de un ministro que con su mala maña "ha dado alas a los rivales que quería destruir".

Desde el PSC, Ferran Pedret ha seguido en la misma línea y ha subrayado que De Alfonso había acusado falsamente a los socialistas de estar detrás de las escuchas (ya se han querellado) y ha insistido en la infracción del deber de reserva del contenido y objeto de las investigaciones que sigue antifraude.

Un guante que ha cogido desde CSQP el diputado Lluís Rabell. "La negligencia está ampliamente demostrada. El Parlament tiene claro lo que tiene que hacer después de comprobar la sumisión de De Alfonso al ministro del Interior", ha afirmado para después apuntar que "la Oficina Antifrau no puede estar dirigida por gente así".

Desde la CUP, Benet Salellas ha apostado por dotar a la Oficina Antifrau de más recursos e independencia. "La mejor victoria contra el impostor De Alfonso es que la oficina trabaje. Tenemos que ser implacables contra los impostores que en nombre de la lucha contra la corrupción son los mejores representantes de las cloacas del estado", ha remachado después de pedir que en 15 días se busque un nuevo director.

"Lo peor que nos podría pasar es que después de eso siguiéramos viendo a las cloacas del Estado paseando por los pasillos de nuestra casa", ha concluido.

Marta Rovira, desde JxSí, ha remarcado que De Alfonso ha actuado con negligencia de forma notoria y grave. "Desviación de poder, ha confundido sus funciones, uso partidista y político de la institución y no ha obrado de acuerdo del interés general. Ha vulnerado los deberes de objetividad e independencia". Estos son sólo algunos de los puntos que la republicana ha expuesto para justificar la revocación del magistrado.

Aparte, Rovira también ha apuntado que las instrucciones del ministro no se pueden considerar como "asesoramiento para la lucha contra la corrupción. No ha habido reuniones sobre corrupción sino conspiración para perseguir determinadas personas por su ideología política".

El problema de fondo –ha insistido Rovira– son las cloacas del Estado.

El PP se queda solo

El PP se ha quedado solo en la defensa del magistrado y el ministro y en la teoría de la conspiración. "Estamos ante un escándalo político de dimensiones mayúsculas: pero hasta aquí la coincidencia con el resto de grupos. El único hecho delictivo es la grabación de una conversación en el despacho del ministro del Interior. ¿Ningún diputado está preocupado por eso, quién es el objetivo?", ha argumentado el diputado Santi Rodríguez.  

"Lo que se hace hoy aquí es confirmar una sentencia escrita ya hace tiempo. Las palabras del expresident Mas son reveladoras: no era uno de los nuestros", ha expuesto el popular insinuando la conjura del resto de grupos parlamentarios para silenciar al magistrado que los podría perjudicar haciendo públicos posibles casos de corrupción.