Este martes 10 de diciembre hace 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En motivo de este aniversario se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, El Parlament ha querido conmemorar esta fecha con un acto en el auditorio de la cámara catalana en el cual se ha presentado el Plan de Derechos Humanos de Catalunya 2020-2'023, un informe elaborado por el Síndic de Greuges y el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya en colaboración con decenas de entidades, desde Iríada, Amnistía Internacional Catalunya, la Mesa del Tercer Sector o el Colegio de Periodistas. 

En el documento, se detallan toda una serie de acciones legislativas, administrativas y políticas que según sus impulsores deberían ponerse en marcha para "hacer efectivos los DDHH en Catalunya en los próximos cuatro años". Un puñado de medidas que se dividen en seis grandes bloques: una democracia igualitaria -incluye el acceso a derechos básicos como son la sanidad, la educación o la vivienda-, la democracia plural -donde destaca la garantía del derecho a protesta, la libertad de expresión o los derechos lingüísticos-, la democracia participativa -que tiene que ver con las buenas prácticas en la administración y la transparencia-, la democracia paritaria -que comprende los derechos de las mujeres, el colectivo LTBIQ, el de las personas mayores y migrantes y de los discapacitados-, la democracia de los niños y la democracia garantista -entendida como el derecho a la igualdad ante la ley y a una fiscalidad justa. ​

Para cada uno de estos bloques el plan formula toda una serie de propuestas concretas, que van desde incrementar el parque público de vivienda a crear un órgano independiente de la policía encargado de investigar casos de denuncias y maltratos, pasando por la solicitud de que el Parlament promueva una regulación estatal básica relativa al referéndum. El informe ya está en manos del Govern de la Generalitat y del Parlament.

Durante la clausura, el presidente del Parlament ha vuelto a cargar contra "la oleada regresiva en materia de derechos y libertades" en el mundo y ha situado el estado español como unos de los países que "ataca los derechos de manifestación pacífica" o "la libertad de expresión" a través de la aplicación de un "uso excesivo y desproporcionado de la fuerza policial". En este sentido, Roger Torrent ha puesto el foco en la ley mordaza.

Para seguir señalando las carencias de España en materia de derechos humanos, se ha hecho eco de los posicionamientos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, de Human Rights Watch o de Amnistía Internacional en relación a los presos independentistas catalanes y al juicio que afrontaron en el Tribunal Supremo. Torrent ha ido más allá, denunciando que "se aprovecha el conflicto político catalán para justificar nuevas medidas de restricción de derechos, por ejemplo, en las redes de comunicación".

 

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