La autorización del vertedero de Vacamorta, en el término municipal de Cruïlles (Baix Empordà), solicitada por los empresarios Josep Mayola y Gustavo Buesa, con la participación de Jordi Pujol Ferrusola, entre los años 1999 y 2003, es una de las acciones que la Fiscalía Anticorrupción califica de supuesto tráfico de influencias del Govern de Jordi Pujol (1980-2003). En el juicio a los Pujol, en la Audiencia Nacional este lunes, Joan Manuel Trayter, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Girona, ha negado ninguna influencia o irregularidad política en la tramitación de Vacamorta porque "los informes técnicos que se emiten son de obligado cumplimiento, como dicta el Supremo". Es decir, el conseller de Medio Ambiente de turno tiene que firmar lo que se le propone. Así lo aseguraron en el juicio los exconsellers que intervinieron, Ramon Espadaler y Salvador Milà (ICV). La ganancia patrimonial total atribuible a Jordi Pujol Ferrusola en la operación de Vacamorta ascendió a 5.287.129 euros, según la acusación.
El perito también ha explicado que la orden de cierre de Vacamorta, ordenada después por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), reafirmada por el Tribunal Supremo, no fue por ninguna irregularidad grave. “La orden de cierre del TSJC fue por una cuestión de forma y no de fondo”, ha declarado Trayter, que ha realizado un informe sobre la tramitación administrativa de este vertedero, a petición de Buesa y Mayola, que también son juzgados y defendidos por los penalistas José María Fuster-Fabra y Carles Monguilod. El perito ha detallado que el alto tribunal catalán endureció la norma vigente al asegurar que era necesario que los vertederos estuvieran “dibujados” en los planes generales al afectar a varios municipios, y que en su resolución el TSJC explicaba que hacía “una doctrina nueva” y que “no había desatención flagrante”.
A preguntas del abogado de Mayola, el penalista José María Fuster-Fabra, el catedrático ha confirmado que el vertedero de Vacamorta, “no se hizo un concurso público; era una autorización y un negocio jurídico privado”. En cuanto a la autorización del vertedero de Tivissa, también cuestionado por las acusaciones, Trayter ha indicado que no hubo ninguna denuncia ni resolución judicial en contra.
Un correo comprometido
El fiscal Anticorrupción, Fernando Bermejo, ha preguntado al perito si también analizó los documentos del Consejo Comarcal del Baix Empordà, y un correo electrónico en el que el hijo mayor de Pujol escribe a Mayola, que si hay que hacer alguna actuación en el consejo comarcal, ques e lo diga. “Es un correo aportado por la acusación. No hay ninguna respuesta. Ni pasa nada más”, ha espetadoTrayter al fiscal. La Abogacía del Estado no ha hecho ninguna pregunta.
En la sesión también, ha intervenido Víctor Benedito, un perito traído por la defensa de Alejandro Guerrero Kandler, que ha asegurado que las facturas y pagos a Jordi Pujol Ferrusola son por actuaciones reales: “Era un captador de inversores grandes y se le paga; Guerrero no tenía esta capacidad empresarial”. El perito ha admitido que no ha tenido ningún documento complementario de estas operaciones, aparte de las facturas, ante las preguntas insistentes del fiscal y del abogado del Estado. Benedito ha añadido que no investigó más por qué los inversores aportados por Pujol Júnior habían sido citados en el juicio como testigo, a preguntas del abogado del hijo mayor de Pujol, Cristóbal Martell.
En el interrogatorio, hecho por la abogada defensora de Guerrero, Ana Bernaola, el perito ha aclarado que ninguna administración, ni estatal, ni autonómica ni local hizo adjudicaciones a la empresa de Guerrero, que "era de hoteles y no constructora".
Paralelamente, ha declarado Joan Vilalta, que a petición de la defensa de Josep Cornadó, ha validado los precios de venta de unos solares de Palamós, que las acusaciones ponen en cuestión.
Inspectores de Hacienda sin datos claros
A la vista, también han declarado dos inspectores de Hacienda, que hicieron los primeros informes sobre las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola y de su exmujer Mercè Gironès, en los años 2014 y 2015. La mayoría de las defensas han evidenciado que no son informes completos. Jaime Campaner, defensor de Josep Pujol Ferrusola, ha preguntado a los técnicos si en la operación de Tahat no comprobaron que en la escritura de 2003 ya se fijaba un precio estipulado, control que han admitido que no hicieron. Por su parte, el abogado Diego Artacho, defensor el exvicepresidente de Comsa-Emte,Carles Sumarroca Claverol, también ha demostrado que los inspectores no han hecho un informe bastante cuidadoso porque han confundido acciones de Sumarroca Claverol con las de su padre, Carles Sumarroca Coixet, uno de los fundadores de Convergència y que quedó exculpado de este procedimiento. Incluso, han confundido al investigado con su hermano Albert en la participación la sociedad General Lab.
En la sesión, Jordi Pujol Ferrusola, nuevamente, ha sido el único de los diecisiete acusados presentes en la sala. El juicio continúa mañana, martes, con la declaración de los expertos fiscalistas, contratados por los Pujol para romper la base acusatoria de blanqueo de capitales, que mantiene la Fiscalía contra la familia por tener millones en Andorra y no declarados a Hacienda hasta ser descubierto el 2014 por la policía patriótica del PP y El Mundo , que publicó sus cuentas.