El PEN Català y el CIEMEN quieren impulsar una revisión de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (DUDL) con el objetivo de reforzar la defensa de los derechos lingüísticos a escala global, coincidiendo con su 30º aniversario. Con el apoyo de una decena de entidades, han puesto en marcha un proyecto para elaborar una propuesta de actualización que culminará en 2028 con su presentación ante la Organización de las Naciones Unidas. El presidente del Ciemen, David Minoves, ha subrayado que los derechos lingüísticos no son garantizados por sí solos y ha reclamado más protección de la diversidad lingüística, especialmente en ámbitos como el digital y el educativo, así como ante situaciones de asimilación forzada.
En declaraciones de este martes, Minoves ha alertado de que más de la mitad de las lenguas del mundo podrían desaparecer durante este siglo, una situación agravada por la globalización y el predominio de algunas lenguas en las redes sociales. También ha reconocido que la situación del catalán ha empeorado, aunque ha remarcado que este fenómeno afecta a muchas otras lenguas. Ante este escenario, ha defendido la necesidad de revisar la DUDL para proteger mejor la diversidad lingüística.
En cuanto a la eficacia de la declaración, que no es vinculante, Vicenta Tasa, coordinadora del Comité de Derechos Lingüísticos del PEN Català, ha defendido la importancia de continuar reclamando a las Naciones Unidas mecanismos que garanticen los derechos lingüísticos como derechos humanos. Este año se conmemora el 30º aniversario de la DUDL, proclamada en Barcelona el 6 de junio de 1996 durante el Congreso Mundial de Derechos Lingüísticos, bajo el paraguas de la UNESCO. A pesar de no tener carácter legal vinculante, las entidades impulsoras consideran que ha sido clave como marco de referencia global en la defensa de los derechos lingüísticos.
Reclaman una actualización
El proyecto de actualización pretende incorporar los nuevos retos que afectan a estos derechos en el contexto actual, como los entornos digitales y educativos, el impacto de la inteligencia artificial, la globalización o las dificultades derivadas de migraciones, conflictos armados y desplazamientos forzados. También pone un énfasis especial en la protección ante procesos de asimilación. El proceso se iniciará con un acto de presentación e incluirá una fase participativa, entre el 15 de abril y el 31 de septiembre, en la que diversas instituciones y colectivos podrán hacer aportaciones. A partir de octubre, un comité de expertos elaborará una primera versión del texto, que será revisada y armonizada por otros grupos especializados hasta obtener la versión definitiva.
En noviembre de 2027, Barcelona acogerá la presentación pública del documento final, que será firmado simbólicamente por las entidades participantes. Finalmente, en 2028 se prevé presentar oficialmente la actualización ante los organismos de derechos humanos de la ONU y la UNESCO, coincidiendo con el 80º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El proyecto está liderado por el PEN Catalán y el CIEMEN, con la colaboración de diversas organizaciones, y se plantea como un proceso abierto, participativo y de alcance internacional.